SESIÓN II. EL DESAFÍO DEMOGRÁFICO: ESTABILIZAR LA ESPAÑA DEL FUTURO
MESA B. INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA: IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL
MODERADORA
Profesora en IE y CUNEF. Consejera independiente. Ex secretaria de Estado de Comercio y embajadora de España
Silvia Iranzo
Buenos días a todos.
Damos comienzo a esta mesa redonda titulada “Inmigración y convivencia: impactos sociales, económicos y culturales”. Se trata, como todos ustedes saben, de una cuestión de máxima relevancia en España y en Europa, especialmente en el contexto actual, en el que el debate sobre inmigración ocupa un lugar central en la agenda pública.
Es un honor contar hoy con un panel de PONENTES de primer nivel.
En primer lugar, nos acompaña María del Carmen González, investigadora principal del Real Instituto Elcano, donde dirige las áreas de Opinión Pública y Migraciones, así como el área de Imagen de España en el Exterior. Es catedrática de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Sus principales líneas de investigación se centran en las migraciones internacionales. Ha participado en diversos proyectos financiados por la Unión Europea y formó parte del equipo que desarrolló la primera investigación europea sobre la emigración reciente desde el sur de Europa. Asimismo, ha dirigido múltiples proyectos sobre inmigración en España, abordando cuestiones como su relación con el sistema de partidos o la prevención del conflicto étnico en barrios con alta concentración migratoria.
Contamos también con Rafael Núñez, portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Profesional de la comunicación, ha desarrollado su trayectoria como periodista, presentador y columnista en medios como Libertad Digital, ABC, La Gaceta y La Razón. Ha sido responsable de comunicación de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, asesor político y director de estrategia de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Diputado autonómico en la XIII Legislatura, desde 2023 ejerce como portavoz adjunto del Grupo Popular y actualmente coordina el área de Migración dentro del organigrama nacional del Partido Popular.
Nos acompaña asimismo Jacobo Muñoz Comet, profesor titular en el Departamento de Sociología II (Estructura Social) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Doctor en Sociología con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado en Sociología y en Periodismo. Es experto en el análisis de los patrones de inserción de la población inmigrante en el mercado laboral español. Sus líneas de investigación incluyen la estratificación social, las migraciones internacionales, el desempleo y la integración laboral de la población inmigrante y sus descendientes. Ha sido reconocido con el sexto Concurso Mundial ISA para Jóvenes Sociólogos y con el Premio UNED-Santander de Investigación. Actualmente preside el Comité de Investigación en Sociología de las Migraciones de la Federación Española de Sociología y es investigador principal del subproyecto MIRELLI, integrado en el proyecto coordinado REGE.
Por último, contamos con Lucila Rodríguez-Alarcón, directora general de la Fundación porCausa y especialista en comunicación y gestión política. Ingeniera agrónoma y experta en comunicación política, es una de las fundadoras de la Fundación porCausa en España. Ha sido directora de Medios y Comunicación de Oxfam para España y América Latina, y dirigió la comunicación del Ayuntamiento de Madrid durante la alcaldía de Manuela Carmena. Es cofundadora del espacio “3500 Millones” sobre desigualdad y desarrollo en El País y ha dirigido “Con M de Migración”, sección especializada del periódico Público. Es autora del libro *Activistas de amor*, publicado en mayo de 2025.
En cuanto a mí, me corresponde la moderación de esta mesa. Soy Técnico Comercial y Economista del Estado; he sido secretaria de Estado de Comercio y embajadora de España en Bélgica. Actualmente desarrollo mi actividad en el sector privado como consejera en diversas empresas, participo en la Fundación Independiente —organizadora de este congreso— y mantengo actividad docente en CUNEF y en el Instituto de Empresa.
Escucharemos ahora una primera intervención de cada uno de nuestros PONENTES, de aproximadamente diez minutos, que sin duda seguiremos con el máximo interés.
Comenzamos con María del Carmen González.
PONENTES
Investigadora de opinión pública y migraciones del Real Instituto Elcano. Catedrática de Ciencia Política en UNED
Carmen González
Gracias por la presentación. Quiero empezar agradeciendo a la fundación la organización de este acto y a todos ustedes su asistencia, así como a quienes nos siguen en directo o lo harán más adelante, ya que la sesión queda grabada y disponible en streaming.
El tema sobre el que quiero centrar mi intervención es el impacto de la inmigración en la economía española.
En lo que va de siglo, España ha recibido aproximadamente nueve millones de inmigrantes en términos netos —es decir, descontando a quienes se han marchado—. Esto ha supuesto que pasemos de unos 40 millones de habitantes en el año 2000 a cerca de 50 millones en la actualidad. Estamos hablando de un aumento de la población del 23 %, una cifra que duplica el crecimiento medio registrado en la Unión Europea. En este sentido, España es un caso excepcional tanto en el contexto europeo como en el de la OCDE. De hecho, hasta hace poco, España recibía cada año un volumen de inmigrantes similar al de Estados Unidos, pese a que su población es siete veces mayor.
Este es, de hecho, el primer efecto económico de la inmigración: el impacto demográfico. La demografía es una variable básica en economía. Cuando se señala que el PIB español ha crecido con fuerza en estos años, hay que tener en cuenta que el PIB total es, en gran medida, una función del tamaño de la población. Un país más grande tiende a generar un PIB mayor, aunque eso no implique necesariamente que sus ciudadanos sean más ricos.
En estos 25 años, el PIB español ha crecido más que el de muchos países de nuestro entorno. Pero en buena medida lo ha hecho porque somos un país más grande y porque buena parte de los inmigrantes han encontrado empleo, en muchos casos en sectores que han podido expandirse precisamente gracias a esa disponibilidad de mano de obra.
Sin embargo, la cuestión relevante es qué ha ocurrido con la riqueza por habitante, es decir, con el PIB per cápita. Y aquí la evolución es distinta. Entre 2000 y 2024, el PIB per cápita español se ha alejado del de las economías más avanzadas de Europa occidental —los doce países que integraban la Unión Europea antes de las ampliaciones hacia el sur y el este—. Si en el año 2000 la diferencia era de unos 12.000 dólares por habitante, hoy esa brecha se ha duplicado hasta aproximadamente 24.000 dólares. Es decir, aunque el PIB total ha crecido, la convergencia en términos de renta por persona no se ha producido; al contrario, la distancia ha aumentado.
¿Por qué ha sucedido esto? En gran medida, porque la inmigración recibida ha tenido, en términos generales, un nivel educativo inferior al de la población autóctona —aunque, por supuesto, existen diferencias importantes entre colectivos—. Si excluimos a los inmigrantes procedentes de países de renta alta (británicos, alemanes, franceses, etc.), que representan aproximadamente un 20 % del total, observamos que entre los autóctonos cerca del 49 % cuenta con titulación universitaria, frente a un 26 % entre los inmigrantes procedentes de países de menor renta.
Esa diferencia formativa ha llevado a una concentración de la población inmigrante en sectores de baja productividad y bajo valor añadido: turismo, cuidados personales, comercio, agricultura, construcción o empleo doméstico. Por ejemplo, el 71 % de los ocupados en el servicio doméstico son inmigrantes; el 45 % en la construcción; el 32 % en la agricultura; el 28 % en actividades administrativas auxiliares, y más del 20 % en transporte y comercio.
Estos sectores, al ser menos productivos, ofrecen salarios más bajos —en torno a un 35 % inferiores a los de la población autóctona—. Y dado que las cotizaciones a la Seguridad Social dependen del salario, también generan menores aportaciones al sistema.
Por eso, cuando se presenta la inmigración como una solución estructural a la crisis de las pensiones, conviene matizarlo. Las pensiones medias actuales rondan los 1.700 euros mensuales, una cifra superior al salario de muchos trabajadores inmigrantes. A largo plazo, un sistema basado en salarios bajos y cotizaciones reducidas difícilmente puede sostener prestaciones crecientes. En este sentido, la inmigración puede actuar como un alivio temporal, pero no como una solución estructural si no va acompañada de aumentos significativos de productividad.
Otro efecto relevante es el impacto sobre los salarios. Desde 2008, los salarios reales en España aún no han recuperado plenamente su poder adquisitivo. Un aumento tan intenso de la oferta de trabajo ejerce presión a la baja sobre los salarios, especialmente en los segmentos menos cualificados. Como en cualquier mercado, un incremento notable de la oferta tiende a reducir el precio, y el trabajo no es una excepción.
Además, el crecimiento del 23 % de la población ha incrementado la presión sobre los bienes y servicios públicos —sanidad, educación, transporte— y sobre bienes esenciales como la vivienda. Sin embargo, la inversión pública y privada no ha crecido al mismo ritmo que la población, lo que ha generado tensiones adicionales.
Finalmente, esta dinámica ha contribuido a la formación de una amplia bolsa de pobreza. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y de Eurostat, la tasa de riesgo de pobreza entre los extranjeros no comunitarios supera el 50 %, frente a cifras significativamente inferiores entre los nacionales. Esto tiene efectos directos sobre los niveles de desigualdad, que en España se sitúan entre los más elevados de la Unión Europea.
En definitiva, la llegada de cerca de nueve millones de inmigrantes en un cuarto de siglo —un fenómeno excepcional en nuestro entorno— ha tenido efectos positivos en términos de crecimiento agregado y dinamismo económico, pero también ha generado desequilibrios relevantes en productividad, salarios, sostenibilidad del sistema de bienestar, pobreza y desigualdad.
Muchas gracias.
Portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid
Rafael Núñez Huesca
Muchas gracias, Silvia. Voy a apoyar mi intervención en unas gráficas para dar más contexto a lo que quiero trasmitir.
El fenómeno migratorio es un asunto prácticamente inabarcable: podríamos dedicarle días enteros y aun así no agotar sus dimensiones. Por eso, y si me lo permiten, estructuraré mi intervención en forma de titulares, apoyándome en algunos datos clave.
Si observamos el crecimiento de la población en Europa entre 2021 y 2025, encontramos un dato llamativo: España es el país donde más ha aumentado la población en términos relativos, pese a no ser, ni mucho menos, el más poblado de la Unión Europea. Alemania, Francia o Italia nos superan ampliamente en tamaño. Hasta hace apenas siete u ocho años, España y Polonia tenían poblaciones similares; hoy la diferencia es considerable.
Hay otro dato reciente, publicado por la ONU la semana pasada, que también resulta significativo: España es ya el sexto país del mundo con mayor número de residentes nacidos en el extranjero. Solo nos superan Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudí, Reino Unido y Francia. Es un cambio muy rápido en términos históricos.
Si analizamos los residentes en España nacidos en el extranjero por nacionalidad, cabría pensar que los colectivos más numerosos proceden de Hispanoamérica, dadas las afinidades culturales y lingüísticas. En conjunto, así es. Sin embargo, si observamos nacionalidad por nacionalidad, Marruecos es el país con mayor número de nacionales en España, con más de un millón de personas. Hoy hay más marroquíes en España que asturianos o cántabros. Esto no es un juicio de valor; es simplemente una constatación de una realidad demográfica que hace no tanto tiempo no existía.
En el conjunto de la Unión Europea, Alemania cuenta con unos 17 millones de residentes nacidos fuera del país, en parte como consecuencia de las decisiones adoptadas durante el gobierno de Angela Merkel y de las guerras que provocaron la llegada de numerosos refugiados. Francia y España se sitúan a continuación, con cifras muy similares, pese a que Francia tiene cerca de veinte millones de habitantes más que nosotros. El incremento en España ha sido cuantitativamente muy elevado y, además, extremadamente rápido.
Este fenómeno se produce en un contexto de muy baja natalidad. España, junto con Italia, se encuentra entre los países con menor tasa de fertilidad del mundo. Estamos en torno a 1,1 hijos por mujer, muy lejos del nivel de reemplazo generacional, que se sitúa en 2,1. Existe la tesis de que la inmigración puede compensar este déficit demográfico. Desde mi punto de vista —y aquí entro ya en una valoración—, sería un error confiar exclusivamente el futuro demográfico del país a la importación continua de inmigrantes, porque eso supone desatender el problema estructural de la baja natalidad.
Cuando la inmigración representa un 3 % o un 5 % de la población, la integración suele producirse de manera relativamente natural. Pero cuando hablamos de porcentajes del 15 %, 20 % o incluso superiores —como ocurre en determinados municipios de Cataluña, especialmente en las provincias de Girona y Lleida—, la dinámica puede ser distinta. En algunos casos, pueden surgir tensiones sociales, culturales o políticas. Hemos visto situaciones similares en determinadas zonas de Bélgica, Suecia o Alemania, y comienzan a observarse fenómenos parecidos en algunos puntos de España.
Otro aspecto relevante es el de la segunda generación. Según datos de Funcas, aproximadamente el 50 % de los hijos de inmigrantes en España no se siente plenamente español. Este sentimiento de distancia es más acusado entre determinados colectivos —por ejemplo, entre población de origen norteafricano— y menor entre los procedentes de Hispanoamérica.
Si atendemos a los nacimientos, el porcentaje de niños nacidos en 2024 con al menos un progenitor extranjero es muy elevado en determinadas provincias. En Girona supera el 50 %. En la Comunidad de Madrid ronda el 45 %. En algunos municipios concretos, como Olot, el porcentaje alcanza cifras cercanas al 80 %. Es razonable pensar que cambios demográficos de esta magnitud tengan también consecuencias políticas y electorales; de hecho, en Cataluña han surgido nuevas fuerzas políticas vinculadas a estos debates.
En definitiva, estamos ante un cambio demográfico profundo, que algunos podrían calificar de estructural o incluso de revolución demográfica. Sería ingenuo pensar que una transformación cuantitativa de esta envergadura no tendrá también efectos cualitativos: en el paisaje social, en las estructuras culturales, religiosas, económicas y políticas.
Desde una perspectiva política, el partido al que pertenezco sostiene que España, como Estado soberano, tiene derecho a decidir cuándo, cómo y quién entra en el país. Y, en ese marco, defendemos que debe priorizarse aquella inmigración con mayor afinidad cultural y lingüística, cuya integración resulte más sencilla. España cuenta con una ventaja comparativa respecto a otros países europeos: la posibilidad de atraer inmigración de países hispanoamericanos, con los que compartimos lengua y vínculos históricos. Aprovechar esa circunstancia puede facilitar la integración y reducir tensiones futuras.
Con esto concluyo. Mi intención ha sido subrayar que el cambio demográfico que vive España es de gran magnitud y que sus implicaciones, en múltiples ámbitos, merecen un análisis sereno y profundo.
PRESENTACIÓN COMPLETA
Profesor de la UNED. Experto en análisis de patrones de inserción de la población inmigrante en el mercado laboral español
Jacobo Muñoz Comet
Muchas gracias por la presentación y también por la invitación a participar en estas jornadas.
En esta intervención quiero centrarme en el mercado laboral y, en concreto, no solo en la población inmigrante de primera generación, sino también en sus descendientes, es decir, en lo que denominamos segunda generación: personas nacidas en España con al menos un progenitor nacido en el extranjero.
He estructurado mi exposición en torno a tres preguntas.
1.¿Cómo ha sido la integración laboral de la población inmigrante en las últimas tres décadas?
Para contextualizar, conviene recordar la magnitud del cambio. En el año 2000 había en España alrededor de 700.000 trabajadores inmigrantes, lo que representaba algo menos del 5 % del total de ocupados. Veinticinco años después, hablamos de aproximadamente 5,2 millones de trabajadores inmigrantes, cerca del 25 % del total. Si a comienzos de siglo uno de cada veinte trabajadores era inmigrante, hoy lo es aproximadamente uno de cada cuatro o cinco.
Ahora bien, no podemos hablar del colectivo inmigrante como si fuera homogéneo. Existen diferencias importantes según la región de origen, el nivel educativo, la edad o el tiempo de residencia en España.
Si tuviera que simplificar, distinguiría dos grandes grupos. Por un lado, los inmigrantes procedentes de la UE-15 y de algunos países asiáticos, que representan en torno al 15 % del total. Su inserción laboral es, en términos generales, muy similar a la de la población autóctona, tanto en probabilidad de empleo como en condiciones laborales.
Por otro lado, el 85 % restante —principalmente latinoamericanos, europeos del este y africanos— presenta mayores niveles de precariedad laboral: más temporalidad, más empleo a tiempo parcial, mayor alternancia entre empleo y desempleo y, sobre todo, una sobrerrepresentación en ocupaciones de baja cualificación.
¿Por qué ocurre esto? En parte, por diferencias de composición: en promedio, estos grupos tienen menor nivel educativo, son más jóvenes, acumulan menos experiencia laboral en España y, en muchos casos, llevan menos tiempo residiendo en el país. Además, el proceso migratorio implica inicialmente una pérdida de capital social y dificultades de reconocimiento del capital humano.
Sin embargo, la evidencia acumulada durante tres décadas muestra que, incluso controlando por estas diferencias —nivel educativo, edad, experiencia o tiempo de residencia—, el riesgo de precariedad sigue siendo mayor para la primera generación. Aquí entra en juego la propia estructura del mercado laboral español, caracterizado por una fuerte segmentación. Quienes acceden por el “segmento secundario” —empleos menos cualificados y más inestables— tienen muchas dificultades para salir de él, incluso aunque acumulen formación o experiencia.
2.¿Qué cabe esperar de la segunda generación?
Esta pregunta es clave porque nos permite distinguir entre dos posibles explicaciones de la desventaja observada en la primera generación:
—si se debe al “coste de emigrar” (adaptación, idioma, redes, situación administrativa),
—o, si responde a factores más estructurales o étnicos que podrían transmitirse a sus descendientes.
La experiencia comparada en países con mayor tradición migratoria indica que la segunda generación parte con ventajas claras: ha sido socializada en el país de destino, domina el idioma, no enfrenta barreras legales y dispone de redes sociales más amplias.
La cuestión es si esa mejora se produce de manera plena o segmentada. Es decir, si todos los grupos convergen hacia los niveles de la población nativa o si algunos permanecen rezagados.
3.¿Qué nos dicen los datos más recientes en España?
Desde 2021, la Encuesta de Población Activa permite identificar a la segunda generación. Actualmente hablamos de aproximadamente medio millón de trabajadores.
En términos descriptivos, la segunda generación obtiene mejores resultados que la primera, aunque todavía no iguala completamente a la población nativa en algunos indicadores. En determinados colectivos —especialmente entre descendientes de origen africano— el acceso inicial al empleo puede ser incluso más difícil que para la primera generación.
Sin embargo, cuando analizamos el resultado que considero más determinante —la clase ocupacional en la que finalmente se trabaja— y controlamos por nivel educativo, edad, estructura del hogar, tiempo de residencia, etc., los resultados son muy reveladores.
Para la primera generación latinoamericana, europea del este y africana, la probabilidad de trabajar en ocupaciones de baja cualificación es entre 15 y 20 puntos porcentuales superior a la de la población nativa, a igualdad de características.
Pero en la segunda generación esas diferencias desaparecen. A igualdad de condiciones sociodemográficas, el riesgo de ocupar empleos de baja cualificación es similar al de la población nativa, tanto en hombres como en mujeres. Y esto, desde el punto de vista de la integración, es una buena noticia.
Conclusiones y políticas públicas
En primer lugar, la desventaja neta que observamos en la primera generación no se transmite automáticamente a la segunda. Esto sugiere que buena parte de esa penalización está asociada al propio proceso migratorio y no a un efecto estructural permanente.
En segundo lugar, si queremos diseñar políticas eficaces, debemos diferenciar claramente entre generaciones.
Para la primera generación, son necesarias políticas específicas:
—formación lingüística,
—agilización del reconocimiento de títulos,
—mejora de la situación administrativa,
—mecanismos que eviten la sobre cualificación y la entrada forzada por el segmento secundario del mercado laboral.
En cambio, para la segunda generación no parece necesario un tratamiento diferenciado por origen. Sus necesidades se asemejan a las de otros grupos vulnerables de la población: menor rendimiento educativo, entornos socioeconómicos desfavorecidos o menor capital familiar. Por tanto, las políticas deberían ser de carácter general, orientadas a reducir desigualdades sociales más amplias.
En definitiva, el mercado laboral español penaliza con claridad a la primera generación, pero ofrece señales más positivas para la segunda. Y eso es un elemento central a la hora de valorar el proceso de integración a medio y largo plazo.
PRESENTACIÓN COMPLETA
Directora general de la Fundación porCausa. Especialista en comunicación y gestión política
Lucila Rodríguez Alarcón
Estoy un poco abrumada después de las tres intervenciones anteriores, que han sido realmente brillantes. Yo quisiera centrarme en un aspecto distinto: la percepción que tenemos sobre la migración. Porque entre lo que vemos y lo que creemos que vemos hay una distancia, y en ese espacio intermedio se construyen narrativas que condicionan nuestra capacidad de análisis y de reacción.
Para explicarlo suelo utilizar el llamado “tablero de Adelson”. Es una ilusión óptica en la que dos cuadrados —el A y el B— parecen de distinto color, pero en realidad son exactamente iguales. Si los aislamos, comprobamos que tienen el mismo tono. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestra percepción está mediada por el contexto y que muchas veces creemos ver diferencias que no existen. Con la migración ocurre algo parecido: construimos relatos que a veces no se corresponden del todo con la realidad.
Cuando hablamos de migración en España, solemos pensar en un perfil muy concreto, que es el que domina los titulares informativos: la migración africana, especialmente la que llega en situaciones de vulnerabilidad o por vías irregulares. Sin embargo, ese colectivo representa un porcentaje relativamente pequeño del total de la población migrante que vive en España. La migración es enormemente diversa. También son migrantes personas como Messi o Shakira, o los miles de británicos que residen en la Costa del Sol.
Además, cuando hablamos de irregularidad, los datos muestran una realidad distinta de la que a menudo se percibe. Según estudios recientes de Funcas y datos trabajados por la Fundación porCausa, en 2025 la mayor parte de la población en situación irregular en España es latinoamericana. Es importante subrayarlo porque muchas veces el foco mediático no coincide con la distribución real del fenómeno.
Creo que, en general, en esta mesa ha habido más consenso del que podría parecer en el debate público. Compartimos algunos diagnósticos básicos: tenemos poblaciones envejecidas, enfrentamos retos en materia de pensiones y, sobre todo, en cuidados. Estudios europeos como los del think tank Bruegel apuntan a que el crecimiento poblacional en Europa será limitado y que, hacia 2050, veremos importantes movimientos internos dentro del continente. Los países que logren ofrecer sistemas de bienestar sólidos y entornos atractivos serán los que retengan y atraigan población.
Desde esa perspectiva, la migración no solo puede verse como un reto, sino también como una oportunidad para fortalecer nuestras instituciones y sistemas sociales. Sabemos que nuestra población autóctona disminuye de manera natural; ante ese escenario, gestionar bien los flujos migratorios puede formar parte de la solución.
Existen modelos diversos. California, por ejemplo, una de las economías más dinámicas del mundo, ha vinculado parte de su éxito a su capacidad de atraer e integrar población migrante. Italia, por su parte, ha tenido que reabrir vías de entrada de trabajadores extracomunitarios ante la escasez de mano de obra. Son ejemplos distintos, pero ilustran que la cuestión no es solo cuánta migración hay, sino cómo se gestiona.
En España, además, la población migrante tiene un peso importante en el emprendimiento. Actualmente hay en torno a 470.000 trabajadores autónomos extranjeros, lo que representa aproximadamente el 14 % del total. La migración no es solo precariedad; también es iniciativa, innovación y contribución económica.
Me parece relevante también analizar qué percepción tiene la ciudadanía. Según el CIS, cuando se pregunta por los principales problemas del país, la inmigración puede aparecer en posiciones relativamente altas. Sin embargo, cuando se pregunta qué problema afecta personalmente más a cada persona, la inmigración desciende muchos puestos. Esto nos indica que existe una diferencia entre percepción general y experiencia directa.
En cambio, uno de los problemas que aparece de forma reiterada es la desafección política. Un número muy elevado de personas no votó en las últimas elecciones; la abstención fue altísima. Esto no es un fenómeno exclusivamente español, sino que se repite en muchas democracias occidentales. Y es relevante porque la calidad del debate público influye directamente en cómo abordamos cuestiones complejas como la migración.
Por último, quisiera compartir un marco interesante elaborado por la consultora More in Common, que analiza cómo se estructura la percepción social de la migración en torno a tres ejes: control, compasión y contribución.
-El eje del control tiene que ver con la idea de regular quién entra y en qué condiciones.
-El de la compasión apela a la dimensión humanitaria.
-Y el de la contribución se centra en lo que las personas migrantes aportan a la sociedad.
En España, independientemente de la orientación política, la narrativa predominante es la de la contribución. Tendemos a valorar positivamente a quien trabaja, emprende y forma parte activa de la sociedad. Probablemente influya nuestra propia historia: fuimos un país de emigrantes en los años 40 y 50, y también vivimos intensos procesos de migración interna.
Creo que el reto que tenemos por delante es elevar el nivel del debate público. Necesitamos ser mejores que el ruido polarizado que a veces domina la conversación. Porque, más allá de las diferencias legítimas, es evidente que una parte de la solución a los desafíos demográficos, económicos y sociales que enfrentamos pasa por gestionar flujos migratorios ordenados, regulados y humanizados, que faciliten la integración desde el primer momento.
Muchas gracias.
PRESENTACIÓN COMPLETA
-Conclusiones y preguntas del público-
Silvia Iranzo, Profesora de Economía y de Gobernanza Global en IE y CUNEF. Técnico Comercial y Economista del Estado. Secretaria de Estado de Comercio -2008/2010-
Muchas gracias por vuestras intervenciones. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas.
Lucila, en esta ocasión quiero comenzar contigo. El gobierno de Estados Unidos está impulsando una política migratoria especialmente restrictiva que está ocupando titulares estos días. Desde tu perspectiva, ¿qué efectos están teniendo estas medidas en la economía y en la sociedad estadounidense
Lucila Rodríguez, directora general de la Fundación porCausa. Especialista en comunicación y gestión política
Buena pregunta. Creo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo que estamos viendo en España con la regularización extraordinaria son, en cierto modo, dos caras de una misma moneda: el gran reto de cómo organizar una necesidad de mano de obra que es innegable, dentro de un contexto político donde el debate migratorio se desplaza a espacios mucho menos racionales que el estrictamente económico o laboral.
En Estados Unidos, la migración fue uno de los ejes centrales del discurso electoral de Trump y una de las claves de su victoria. Sin embargo, tras un año de aplicación de políticas especialmente duras, estamos viendo varios efectos. Por un lado, un creciente malestar social vinculado a la gestión represiva del fenómeno migratorio. Por otro, la utilización de la política migratoria como instrumento de control que tensiona los marcos democráticos.
Y, además, los resultados económicos no están siendo positivos. Estados Unidos es un país construido sobre la migración, y la expulsión de trabajadores y la caída de nuevos flujos migratorios tienen un impacto directo en sectores productivos que dependen de esa fuerza laboral.
España, en cambio, está abordando el fenómeno desde otro enfoque. No es la primera vez: históricamente ha realizado nueve regularizaciones; esta sería la décima. La lógica aquí es distinta: asumir que existe una realidad migratoria amplia y optar por integrarla dentro del marco legal. Porque, en términos de gestión, el verdadero control no es el arbitrario o militarizado, sino el administrativo y democrático: que las personas tengan documentación, derechos y también obligaciones.
Al final, la cuestión de fondo es qué tipo de sociedad queremos ser y cómo entendemos la gestión de una necesidad estructural como es la migración laboral.
Silvia Iranzo, Profesora de Economía y de Gobernanza Global en IE y CUNEF. Técnico Comercial y Economista del Estado. Secretaria de Estado de Comercio -2008/2010-
Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Jacobo.
¿Hasta qué punto la diversidad religiosa dentro de la población inmigrante puede suponer un obstáculo —o un desafío— para su integración en la sociedad española?
Jacobo Muñoz, profesor de la UNED. Experto en análisis de patrones de inserción de la población inmigrante en el mercado laboral español
La pregunta es compleja, entre otras cosas porque en España no contamos con buenos datos que permitan medir con precisión el impacto de la diversidad religiosa en los procesos de integración. Eso hace que sea fácil caer en prejuicios o ideas preconcebidas, pero más difícil sostener afirmaciones sólidas desde el punto de vista empírico.
Lo que sí podemos hacer es mirar la experiencia de otros países de nuestro entorno, que tienen una tradición migratoria más larga y, por tanto, mayor evidencia acumulada. En general, sabemos que, de media, la población inmigrante suele ser más creyente que la población autóctona, especialmente en el momento de llegada. En España también observamos este patrón: los inmigrantes presentan, en promedio, niveles más altos de religiosidad.
Ahora bien, los pocos datos disponibles indican que, conforme aumenta el tiempo de residencia en España, se produce cierto proceso de asimilación. Vivir en una sociedad relativamente secularizada tiene un impacto, y ese efecto es todavía más claro en la segunda generación, es decir, en quienes ya han nacido aquí.
En cuanto a la primera generación, la cuestión es más ambivalente. La teoría sugiere que, cuando una persona migra y afronta un contexto de incertidumbre y posibles carencias, pertenecer a una comunidad religiosa puede ofrecer apoyo material y emocional. Desde ese punto de vista, la religión puede actuar como un recurso que facilite la integración.
Sin embargo, también existe la posibilidad de que, si esas redes se mantienen cerradas y no favorecen la interacción con la población autóctona, puedan generar dinámicas de mayor aislamiento.
La evidencia empírica en Europa no es concluyente. Los estudios —que se han centrado sobre todo en población musulmana en países como Francia, Reino Unido, Alemania o Países Bajos— muestran resultados diversos: en algunos casos la religiosidad no tiene un impacto significativo en variables como la educación o el mercado laboral; en otros aparece asociada a ciertos efectos negativos; y en otros, incluso, a efectos positivos.
En España, esta cuestión todavía está por analizar con mayor profundidad. Por eso sería precipitado extraer conclusiones firmes. Es, sin duda, un tema muy interesante que requiere más investigación antes de adoptar posiciones categóricas.
Silvia Iranzo, Profesora de Economía y de Gobernanza Global en IE y CUNEF. Técnico Comercial y Economista del Estado. Secretaria de Estado de Comercio -2008/2010-
Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Rafael.
Desde tu punto de vista, ¿cuáles deberían ser las propuestas más adecuadas en materia de política migratoria?
Rafael Núñez, portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y coordinador de Migración
España es un país soberano y, como Estado soberano, tiene plena legitimidad para decidir qué tipo de inmigración necesita en cada momento. Es el país —a través de su gobierno— quien debe determinar cuándo, cómo y para qué necesita inmigración.
Conviene además diferenciar claramente entre inmigración y refugio. Cuando hablamos de personas que huyen de una guerra o de persecuciones, estamos ante una realidad distinta, donde existe un deber moral y jurídico de acogida. Pero cuando nos referimos a inmigración económica, es el Estado quien debe establecer las condiciones, los criterios y las prioridades en función de sus necesidades.
En primer lugar, considero que deben primar el orden y la legalidad, así como la efectividad de los retornos. España afronta actualmente un doble problema: por un lado, la gran permeabilidad de sus fronteras; por otro, la enorme dificultad para retornar a quienes llegan de manera irregular. En la práctica, eso significa que casi todos los que entran permanecen en el país. Ambos aspectos deben abordarse de forma decidida.
Existen modelos distintos para hacerlo. Uno es el que plantea el Gobierno: facilitar procesos de regularización extraordinaria para quienes acrediten un determinado tiempo de permanencia. Otro, que defienden sindicatos policiales y otras instancias, sostiene que quien entra de forma irregular —saltándose los procedimientos legales— debe ser retornado. Son enfoques muy diferentes sobre cómo gestionar el fenómeno.
En segundo lugar, la integración no puede entenderse sin exigencias. Y la mejor herramienta de integración, tanto para inmigrantes como para nacionales, es el empleo. El trabajo es el principal mecanismo de inclusión social. Junto a ello, considero imprescindible el conocimiento del idioma, de la Constitución y de los valores básicos de nuestra convivencia democrática. No se trata de referencias culturales abstractas, sino de principios fundamentales como la igualdad entre hombres y mujeres.
Por último, desde el punto de vista de la seguridad, preocupa especialmente la reincidencia delictiva. Existen situaciones en las que determinadas personas acumulan múltiples delitos en periodos muy breves, y resulta extremadamente difícil proceder a su expulsión. Este es un ámbito que requiere revisión normativa.
En consecuencia, considero que deben rechazarse regularizaciones masivas e indiscriminadas que no respondan a criterios vinculados a las necesidades laborales del país. Asimismo, debería exigirse una acreditación formal del país de origen que certifique la ausencia de antecedentes penales, más allá de declaraciones responsables.
En definitiva, la política migratoria debe basarse en legalidad, control efectivo, integración a través del empleo y criterios claros que respondan a los intereses y necesidades de España.
Silvia Iranzo, Profesora de Economía y de Gobernanza Global en IE y CUNEF. Técnico Comercial y Economista del Estado. Secretaria de Estado de Comercio -2008/2010-
Por último, Carmen, ¿cuáles consideras que son los principales retos de futuro en la integración de la población inmigrante en España?
Carmen González Enríquez, investigadora de opinión pública y migraciones del Real Instituto Elcano. Catedrática de Ciencia Política en UNED
Bueno, lo primero que habría que hacer es aclarar qué entendemos por integración, porque es un término muy amplio y poco definido. Si preguntáramos aquí qué significa estar integrado, probablemente obtendríamos respuestas muy distintas.
Si entendemos la integración como la convergencia hacia el estatus medio de la sociedad de acogida —en términos de salario, empleo, nivel educativo, vivienda, estatus ocupacional y acceso a servicios públicos—, entonces hay dos condiciones fundamentales para alcanzarla: educación y empleo. Sin trabajo no hay integración. Y cuando se acumulan grandes bolsas de población inmigrante sin empleo, el riesgo de conflicto social aumenta considerablemente. Esto es algo que ya hemos visto en países europeos con mayor trayectoria migratoria que España, donde la concentración geográfica de personas desempleadas y dependientes de ayudas públicas ha generado reacciones xenófobas y tensiones sociales.
Por tanto, el empleo es el eje central. Y en este ámbito, España afronta actualmente dos grandes retos.
El primero es la baja participación laboral de mujeres de determinados orígenes nacionales, especialmente de origen marroquí y, aunque con datos más limitados, también pakistaní. Este es un fenómeno que no es exclusivo de España: en varios países europeos se observa que mujeres procedentes de contextos culturales donde tradicionalmente no se trabaja fuera del hogar presentan tasas de actividad muy reducidas. Favorecer su incorporación al mercado laboral es un desafío clave para avanzar en integración.
El segundo gran problema es el fracaso educativo de las segundas generaciones. Una proporción significativa de jóvenes hijos de inmigrantes no supera la educación secundaria obligatoria. Solo alrededor de una cuarta parte alcanza estudios universitarios, lo que supone una brecha considerable respecto a la población autóctona.
Existen diferencias metodológicas en cómo se define “segunda generación”, lo que explica algunas discrepancias estadísticas. En nuestros datos —que consideran únicamente hijos de padre y madre inmigrantes— las tasas de desempleo son más elevadas que entre los autóctonos e incluso superiores a las de la primera generación. Pero, más allá de las diferencias técnicas, hay un hecho indiscutible: el fracaso educativo es un predictor muy sólido de malos resultados laborales.
Sabemos bien lo que implica quedarse únicamente con la educación secundaria: menor acceso a empleos cualificados, salarios más bajos, peores condiciones de vivienda y, en general, trayectorias vitales más vulnerables. Y eso no solo afecta a la dimensión económica, sino también a la salud, al entorno residencial y a las oportunidades futuras.
Un fracaso educativo masivo como el que estamos observando en parte de estas generaciones anticipa dificultades serias de integración en el futuro. Y si no se corrige, podría acercarnos a escenarios de tensión social similares a los que ya han experimentado otros países europeos con mayor recorrido migratorio.
Silvia Iranzo, Profesora de Economía y de Gobernanza Global en IE y CUNEF. Técnico Comercial y Economista del Estado. Secretaria de Estado de Comercio -2008/2010-
Tenemos unas preguntas del público, aunque estamos fuera de tiempo. Por favor, pido brevedad.
Interviniente del público -no se identifica-
Buenos días, muchas gracias por las cuatro ponencias.
Me gustaría hacer una pregunta breve y agradecería que pudiera ser respondida por los cinco integrantes de la mesa:
¿Cuáles serían, a medio, corto y largo plazo, las consecuencias de la regularización propuesta por el PSOE la semana pasada y, en consecuencia, su impacto social, económico y cultural?
Gracias de antemano por su atención.
Rafael Núñez, portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y coordinador de Migración
Bueno, según los sindicatos policiales, la regularización no afectaría a 500.000 personas, sino a aproximadamente 850.000. Estamos hablando de inmigrantes en situación irregular, por lo que resulta difícil determinar un número exacto. Sin embargo, los sindicatos estiman que, una vez regularizadas estas personas y considerando el criterio de reagrupamiento familiar, podrían llegar entre 1 millón y 1,5 millones de personas adicionales. El sistema social —educativo, sanitario y de servicios— no está preparado para asumir de manera indiscriminada semejante volumen de personas.
Miguel Pérez Frayle, patrono de la Fundación Independiente
Enhorabuena por esta mesa.
¿Cuál es el marco jurídico de ese país en materia de inmigración, tanto en lo que respecta al país de acogida como al factor humano, es decir, a la persona que llega, como mencionabas?
Gracias,
Carmen González Enríquez, investigadora de opinión pública y migraciones del Real Instituto Elcano. Catedrática de Ciencia Política en UNED
A mí, por ejemplo, me gusta Canadá. Ningún país tiene un sistema perfecto; ninguno puede decir que ha logrado todo lo que se proponía. No es que no haya necesidad de reformarlo: de hecho, Canadá está actualmente revisando su sistema. Tradicionalmente, contaba con un sistema de puntos y un sistema de asilo bastante sólido, muy apoyado en voluntarios, familias y comunidades, y creo que ha funcionado muy bien. Sin embargo, hoy hay que reconocer que lo están replanteando.
Lucila Rodríguez, directora general de la Fundación porCausa. Especialista en comunicación y gestión política
Comparto lo que dice Carmen. También podríamos mencionar a Nueva Zelanda; aunque es un país muy pequeño, su sistema funciona realmente bien.
Quisiera añadir que en la fundación Por Causa estamos trabajando actualmente en una línea llamada alternativas al modelo de movilidad laboral. Desde nuestra perspectiva y conocimiento, hoy en día no existen estas alternativas desarrolladas de manera consistente y adecuada, y es un gran reto que merece atención.
Gracias.
Jacobo Muñoz, profesor de la UNED. Experto en análisis de patrones de inserción de la población inmigrante en el mercado laboral español
Bueno, no me puedo posicionar de manera absoluta ni señalar un país de forma categórica. Pero si tuviera que pensar en uno, sobre todo en términos de integración de las personas que ya están dentro del país y no tanto del control de los flujos de entrada, creo que los Países Bajos son un ejemplo interesante. Tienen muchas generaciones de población inmigrante procedente de diferentes regiones y, por lo que conozco, han logrado mantener una buena cohesión e integración en distintos niveles.
Claro está, los holandeses son holandeses y los españoles somos españoles, por lo que muchas veces es difícil trasladar directamente lo que funciona en un país a otro. Aun así, creo que los Países Bajos pueden ofrecer aprendizajes valiosos.
Silvia Iranzo, Profesora de Economía y de Gobernanza Global en IE y CUNEF. Técnico Comercial y Economista del Estado. Secretaria de Estado de Comercio -2008/2010-
¿Alguno de vosotros conoce el modelo australiano?
Rafael Núñez, portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y coordinador de Migración
Sí, el modelo australiano es quizá el más restrictivo del mundo. Australia es una isla, con poca población, y al mismo tiempo muy cerca de una masa de casi 2.000 millones de personas —sumando chinos e indios—. Su modelo limita la inmigración de manera muy rigurosa y estricta, incluso atendiendo a criterios culturales; es decir, cualquier apertura significativa podría cambiar radicalmente la composición del país.
Desde luego, Australia representa un caso muy distinto al nuestro, con una cosmovisión muy diferente a la de un país latino-mediterráneo y de raíces católicas como España.
Por eso, tengo bastantes esperanzas puestas en el Pacto Europeo de Migración que la Unión Europea presentará este año, 2026. La inmigración se ha convertido, diría, en uno de los principales desafíos de la Unión, y con este pacto se espera conocer medidas concretas. Seguramente no será un sistema perfecto, pero sí será la respuesta de un grupo de países que, por primera vez, aborda de manera conjunta un problema que genera tensiones importantes.
Silvia Iranzo, Profesora de Economía y de Gobernanza Global en IE y CUNEF. Técnico Comercial y Economista del Estado. Secretaria de Estado de Comercio -2008/2010-
Tenemos otra pregunta.
Luis Trigo, vicepresidente de la Fundación Independiente y Director Académico del V Congreso Nacional de la Sociedad Civil
Quisiera agradecer la participación de todos los PONENTES. A mí me ha correspondido seleccionar los temas y a los PONENTES, y aunque con muchos de vosotros no he tenido contacto directo, estamos enormemente satisfechos con el desarrollo de este encuentro. Creo que este tipo de debates son muy enriquecedores.
Espero que, al transmitir los resultados de estas discusiones, especialmente al ámbito político, podamos ofrecer un resumen preciso de lo que ha ocurrido. Aprovecho para hacer un llamamiento a los políticos: trabajen más con los datos que con el relato. Los datos son fundamentales. Aquí, creo que la estadística ha sido muy valiosa y ha sido muy bien trabajada.
Y aquí voy a la pregunta: ¿dónde se integra mejor la emigración, si en la ciudad o en un medio rural, según los datos que tengan?
Carmen González Enríquez, investigadora de opinión pública y migraciones del Real Instituto Elcano. Catedrática de Ciencia Política en UNED
La inmigración se concentra básicamente en las ciudades. En el medio rural hay mucha menos presencia de inmigrantes, salvo en sectores muy concretos, como la agricultura. Existe un ámbito intermedio, que podríamos llamar gris, que es el turismo: inmigrantes que trabajan en zonas turísticas, que a veces son ciudades pequeñas y que, cuando llega el invierno, permanecen temporalmente. Pero yo no lo consideraría como auténtico medio rural.
En general, la inmigración que se ha planteado como posible solución a la despoblación rural no está logrando frenar este proceso. Lo que ocurre es que, al llegar al medio rural, los inmigrantes enfrentan las mismas dificultades que los habitantes autóctonos, principalmente la escasez de servicios y oportunidades. Por ejemplo, Canadá, que tiene grandes zonas despobladas, implementó un programa para que los inmigrantes permanecieran durante varios años en pueblos asignados. Sin embargo, una vez cumplido ese periodo, muchos se trasladaban a grandes ciudades, como Vancouver, porque allí encuentran mejores oportunidades y servicios.
Por eso, creo que la integración se produce con mayor eficacia en las ciudades, ya que es allí donde los inmigrantes prefieren vivir y desarrollarse.
Lucila Rodríguez, directora general de la Fundación porCausa. Especialista en comunicación y gestión política
Bueno, los datos con los que trabajamos en la fundación muestran que la integración se da de manera más efectiva cuando los salarios son dignos y la gestión laboral es sólida, menos precaria. Esto no depende tanto de si el lugar es rural o urbano, sino de la calidad de lo que se ofrece.
Por ejemplo, hay pueblos con industria agrícola donde los sueldos son adecuados, la estructura de gestión es fuerte y los servicios son buenos; en esos casos, la integración funciona correctamente. El problema surge cuando se empieza a competir por recursos escasos, y esto puede ocurrir tanto en el medio rural como en la ciudad.
Jacobo Muñoz, profesor de la UNED. Experto en análisis de patrones de inserción de la población inmigrante en el mercado laboral español
Yo añadiría un matiz. Justamente con un colega que está aquí entre el público realizamos hace unos años una investigación sobre el impacto que tiene el tamaño del municipio en el nivel de desigualdad entre población inmigrante y autóctona en el mercado laboral.
Lo que vimos es que, como bien comentaba Carmen, las grandes ciudades atraen a la población inmigrante y esta se concentra allí. Sin embargo, en esas grandes ciudades, a igualdad de condiciones, los inmigrantes no obtenían grandes ventajas en términos de probabilidad de empleo. Por otro lado, en cuanto al nivel de cualificación, la brecha entre población autóctona e inmigrante era mucho mayor.
En otras palabras, si tuviera que aconsejar a un amigo inmigrante o a alguien que venga a España, le recomendaría buscar una ciudad mediana. Ni demasiado pequeña ni demasiado grande. En estas ciudades, el coste de vida no es tan elevado, y el mercado laboral ofrece más oportunidades reales. En las ciudades grandes, a menudo se corre el riesgo de aceptar cualquier empleo con pocas perspectivas, aunque se esté cualificado para trabajos mejores. En cambio, en las ciudades medianas hay más margen para encontrar empleo acorde con la cualificación y, por lo tanto, mayores posibilidades de integración efectiva.
Silvia Iranzo, Profesora de Economía y de Gobernanza Global en IE y CUNEF. Técnico Comercial y Economista del Estado. Secretaria de Estado de Comercio -2008/2010-
Bien. Pues tenemos una pregunta más, y debido a que hemos consumido más del tiempo asignado a nuestra mesa, será la última.
Andrea Xu, directora y fundadora de UNILETRA
Vale, mi pregunta es la siguiente: la regularización masiva anunciada por el gobierno de Pedro Sánchez, ¿necesitará aprobación a nivel de la Unión Europea? ya que esta medida no solo impacta en la sociedad local, sino que también tendrá efectos a escala europea.
Carmen González Enríquez, investigadora de opinión pública y migraciones del Real Instituto Elcano. Catedrática de Ciencia Política en UNED
No, no necesita aprobación. Esta medida se va a implementar y será una realidad.
Rafael Núñez, portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y coordinador de Migración
Podría parecer lógico que la Unión Europea, desde Bruselas, tuviera que dar su visto bueno, dado que no existen fronteras internas desde Cádiz hasta Varsovia, y una persona puede atravesar todos esos países sin controles. Sin embargo, el gobierno de España no va a pedir permiso a Bruselas, y tampoco lo solicitará al propio Parlamento español.
Silvia Iranzo, Profesora de Economía y de Gobernanza Global en IE y CUNEF. Técnico Comercial y Economista del Estado. Secretaria de Estado de Comercio -2008/2010-.
Muy bien, estupendo. El tiempo se ha terminado, y quisiera aprovechar para agradecer personalmente a nuestro ilustre público por su asistencia y atención, así como por sus preguntas. Y, por supuesto, gracias a nuestros PONENTES, cuyas intervenciones han sido muy interesantes y clarificantes.
Muchas gracias.
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