SESIÓN I. DESAFÍOS INSTITUCIONALES DE LA ESPAÑA ACTUAL

MESA A. ESTADO, DIVISIÓN DE PODERES Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

 

MODERADOR

Vicente Garrido Mayol

Catedrático de Derecho Constitucional. Presidente de la Fundación Profesor Manuel Broseta

 

Esta mesa redonda lleva por título “Desafíos institucionales de la España actual” y abordará cuestiones esenciales como el Estado, la división de poderes y la organización territorial.

Me acompañan en esta mesa —y para mí es un honor moderarlos y coordinar el debate— Francesc de Carreras, Miriam González y Elisa de la Nuez. Iré presentando a cada uno de ellos con más detalle en el momento de su intervención.

Permítanme comenzar con una breve introducción. En primer lugar, quiero recordar a Aldo Olcese, gran impulsor y presidente de la Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora, que con tanto cariño e ilusión estaba preparando este V Congreso sobre la Sociedad Civil, y nos dejó prematuramente. Esta asociación, promotora de los congresos, está muy ligada a la Fundación Independiente, cuyo testigo ha recogido ahora Rafael Catalá, nuevo presidente de la Fundación, quien ha impulsado la celebración de este congreso. Y, a la vista de lo que ya hemos escuchado y de la calidad de los intervinientes y asistentes, podemos decir que está siendo un gran éxito.

Quiero también hacer una defensa de la democracia liberal —a la que ya se ha hecho referencia— implantada durante la Transición. Comparto plenamente ese espíritu del 78 y creo que debemos fomentarlo, porque ha sido el periodo que mayor prosperidad ha traído a la historia reciente de España.

Sin embargo, atravesamos una etapa en la que, desgraciadamente, la deslegitimación y el desprestigio de las instituciones son evidentes. Nos preguntamos qué está ocurriendo a nivel internacional, europeo y nacional. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo?

Hace un momento, para una red social, me pedían una palabra que definiera el momento actual, y respondí: inquietante. Es una etapa inquietante. Pero también añadí que debemos ser optimistas para afrontar el futuro. Creo firmemente que las entidades de la sociedad civil pueden contribuir de manera decisiva a superar esa inquietud y a reconducir la situación hacia cauces plenamente democráticos, que en ocasiones parecen desbordados, tanto en la realidad como en la percepción.

Las entidades de la sociedad civil no debemos suplantar ni deslegitimar a quienes ostentan legítimamente el poder político. No estamos para sustituir, sino para colaborar. Esa es nuestra obligación. Pero también es una exigencia hacia quienes ejercen el poder: escuchar y atender las propuestas que surgen de la sociedad civil. Eso es propio de una democracia no solo representativa —que nadie pretende sustituir—, sino también participativa, en la que se profundiza en los mecanismos de implicación ciudadana.

La mesa que hoy nos reúne es especialmente relevante: Estado, división de poderes y organización territorial.

La primera intervención será la de Miriam González, que abordará la cuestión de la división de poderes, quizá el tema más transversal de los tres. Francesc de Carreras nos hablará del Estado autonómico inacabado, y Elisa de la Nuez tratará la cuestión de la financiación autonómica. Son tres grandes asuntos que podrían ocupar no solo una mañana, sino jornadas enteras de debate.

Permítanme presentar a Miriam González.

Es abogada especializada en comercio internacional, fundadora y presidenta de España Mejor, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es dinamizar a la sociedad civil para que participe en la elaboración de propuestas de políticas públicas de forma abierta, inclusiva, apartidista y transversal.

Es miembro del Consejo de Diversidad de Toyota Europa, consejera independiente de Atrys Health y miembro de los Consejos Editoriales de La Vanguardia y El Confidencial. Forma parte, además, del Consejo Asesor Internacional del Círculo de Empresarios, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y de diversas instituciones educativas.

Ha sido profesora de política comercial internacional en la Universidad de Stanford, en California, y es autora del libro Devuélveme el poder, centrado en la necesidad de una reforma política en España.

En 2015 fundó Inspiring Girls International, organización benéfica presente en 40 países, dedicada a elevar las aspiraciones de las jóvenes poniéndolas en contacto con referentes femeninos de todos los sectores.

Miriam, cuando quieras, tienes la palabra.

 

PONENTES

Miriam González Durántez

Fundadora del Think Thank «España Mejor»

Para centrarnos en la separación de poderes —porque creo que siempre hay que empezar por lo más básico— conviene recordar algo fundamental: la democracia no consiste simplemente en votar en una urna. Eso, por sí solo, no es lo que la sustenta. Lo que sostiene una democracia son los límites al poder: límites a la tentación de abusar de él y límites a la tentación de la mayoría de arrasar con los derechos de la minoría.

Dedicamos mucho tiempo, en España, en Europa y a nivel internacional, a hablar de la crisis de la democracia. Y a veces lo hacemos como si fuera un fenómeno que nos hubiera caído del cielo, como si fuera una mala suerte histórica que simplemente nos ha tocado vivir. Pero hablamos mucho menos de las causas de ese cuestionamiento del sistema democrático.

En mi opinión, no se debe únicamente —aunque también influye— a que el sistema representativo, tal y como está organizado, sea más lento que la velocidad de los cambios actuales. Esto se ve claramente en Europa, donde cuesta adaptarse con rapidez a transformaciones económicas que avanzan a un ritmo vertiginoso. Pero el problema es más profundo: hemos permitido una degradación del sistema democrático a través de abusos de poder.

Y esto no es algo reciente ni exclusivo de un momento concreto; ha ocurrido, en mayor o menor medida, durante décadas. La degradación de los controles al poder ha llevado a que muchas personas no sientan que tengan que elegir entre democracia y no democracia, sino entre una democracia muy imperfecta —que no funciona como debería— y alternativas inciertas. No se sienten escuchadas, no se sienten representadas y piensan que su opinión no cuenta.

España tiene la suerte de contar, en su Constitución, con principios formales muy sólidos de separación de poderes. Yo soy de las que defienden reformas quirúrgicas de la Constitución para ajustar el sistema y corregir abusos detectados. Uno de esos cambios, por ejemplo, debería ser la eliminación de los aforamientos.

Pero incluso dejando eso al margen, lo que nos ocurre hoy no es tanto un problema del texto constitucional como de su aplicación. El problema no es la Constitución, sino la interpretación que se ha hecho de ella. Se han producido violaciones constantes y flagrantes de sus principios que, entre todos, hemos ido normalizando.

La separación de poderes exige tensión. Una tensión incómoda —pero saludable— entre los distintos poderes del Estado. Debe existir una tensión real entre el Legislativo y el Ejecutivo, entre el Judicial y el Ejecutivo. Incómoda, sí; inadecuada, no. Y eso último es lo que estamos viendo ahora.

También deben funcionar adecuadamente los organismos independientes, que, aunque no constituyen un poder en sentido estricto, ejercen funciones esenciales de control.

Desde mi punto de vista, el poder que más falta y que menos representado está en nuestro sistema es el poder del ciudadano, el poder del individuo.

Si miramos el Legislativo, el artículo 67 de la Constitución establece que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo. Sin embargo, en la práctica, rara vez se apartan de la disciplina de partido. Esa realidad contradice el espíritu constitucional. Y el hecho de que hayamos asumido como inevitable esa situación revela un problema estructural.

En cuanto al Consejo General del Poder Judicial, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 modificó su sistema de elección. El Tribunal Constitucional advirtió que, si los partidos acababan repartiéndose los vocales en función de su fuerza parlamentaria, eso sería inconstitucional. Si eso es precisamente lo que ocurre, estamos ante una vulneración del espíritu constitucional. Y lo que corresponde es volver al principio y al sentido original del texto.

Lo mismo sucede con la Administración. El artículo 103 de la Constitución exige objetividad e independencia. Sin embargo, la práctica de colocar personas afines políticamente o promocionar a quienes tienen carné de partido vulnera ese principio. Y prácticas como exigir aportaciones económicas al partido por parte de ciertos cargos públicos superan ya cualquier límite constitucional y ético.

En cuanto a la organización territorial —tema que abordarán Francesc y Elisa desde otros ángulos—, el Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de lealtad institucional es implícito en nuestro sistema. Sin embargo, cuando las distintas administraciones no cooperan, no coordinan objetivos ni se someten a evaluación mutua, se está vulnerando ese principio.

Podríamos hablar también de los organismos independientes o de la utilización de la publicidad institucional y el patrocinio de eventos como instrumentos de influencia sobre los medios de comunicación.

Si a los ciudadanos les pedimos que elijan entre esta realidad y un sistema no democrático, no debería sorprendernos que muchos no sepan qué elegir. Lo que deberíamos ofrecer es una democracia que vuelva a funcionar correctamente, con controles efectivos, frente a un sistema que no lo sea.

Me preocupa especialmente el cambio de posición de Europa en este terreno.

Durante mucho tiempo existió la percepción de que, ocurriera lo que ocurriera internamente, Europa actuaba como garante último del Estado de derecho. Pero cuando vemos a las instituciones europeas participando, con opacidad, en negociaciones sobre el reparto del Consejo General del Poder Judicial, se produce un punto de inflexión.

Las vulneraciones de la separación de poderes deben denunciarse siempre, no solo cuando ocurren en países gobernados por fuerzas extremas. Pensar que estos problemas solo afectan a determinados gobiernos erosiona gravemente la credibilidad de la Unión Europea y del propio sistema democrático.

Y quiero añadir una última reflexión para abrir debate: necesitamos integrar de forma más clara el poder del ciudadano individual dentro del sistema.

La democracia nunca fue estática. Ha evolucionado desde Aristóteles hasta Montesquieu, incorporando nuevos mecanismos, como los organismos independientes. Durante mucho tiempo, el ciudadano solo podía votar y ser representado. Pero hoy contamos con tecnologías que permiten una participación mucho más activa.

Debemos avanzar del ciudadano exigente al ciudadano activo. Las asambleas ciudadanas, que se han experimentado en países como Francia o Irlanda, son ejemplos interesantes. Podrían aplicarse en España, por ejemplo, en situaciones de bloqueo político o para revisar y evaluar servicios públicos.

Recuperar la separación de poderes y reforzar los límites al poder es una de las tareas más urgentes en España y en Europa. Existe ya una masa crítica de ciudadanos —muchos de ellos jóvenes— que cuestiona el sistema. Si esa desafección se consolida, corremos el riesgo de perder a toda una generación.

Hay que actuar con firmeza, con limpieza y con creatividad. Pero no para perfeccionar los abusos de poder, sino para devolver el poder al ciudadano.

Gracias,

Vicente Garrido Mayol

Catedrático de Derecho Constitucional. Presidente de la Fundación Profesor Manuel Broseta

Tras la magnífica —y muy provocadora— intervención de Miriam, que ha abierto numerosos temas sobre los que luego podremos volver en el debate, doy ahora la palabra a Francesc de Carreras, colega y maestro admirado.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Coincidimos hace años como consejeros consultivos, asesorando a nuestros respectivos gobiernos autonómicos, la Generalitat de Cataluña y la Generalitat Valenciana. Es autor de numerosas publicaciones y ha sido un firme defensor del orden constitucional y del entendimiento, además de un destacado crítico del independentismo catalán.

Participó en la vida política desde sus inicios en el PSUC y fue uno de los impulsores del Foro Babel, iniciativa de intelectuales y artistas catalanes en defensa del bilingüismo en Cataluña. También intervino en el impulso inicial de Ciudadanos y fue una de las voces que denunciaron la celebración del referéndum independentista. Es defensor del autogobierno dentro del marco constitucional.

Nos hablará del carácter inacabado del Estado autonómico.

Frances de Carreras

Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Se ha dicho que hablaría del Estado autonómico como modelo inacabado. Es una formulación correcta. Yo lo llamaría también el “cierre del modelo”, porque la tesis central es precisamente esa: el modelo existe, pero no está completamente culminado.

Partamos de una cuestión básica: ¿hay en la Constitución un modelo de Estado autonómico? No está perfectamente definido en todos sus detalles, pero sí contiene claramente los perfiles de un modelo que, en términos comparados, responde a la lógica federal.

Desde el punto de vista territorial, en el mundo encontramos básicamente dos grandes modelos: el modelo centralista y el modelo federal. Existen fórmulas intermedias, pero son excepcionales.

¿Dónde se sitúa España desde 1978? En un modelo estructuralmente federal. ¿Qué caracteriza a un modelo federal?

Una única soberanía: existe una Constitución derivada de un poder constituyente único. No hay dos soberanías, sino una. Pensemos en Estados Unidos, Alemania, Suiza o Austria.

Un Estado federal y entidades territoriales con autonomía política: en EE. UU. son los estados federados; en Alemania, los Länder; en Suiza, los cantones. En España se llaman comunidades autónomas. El nombre no cambia la naturaleza.

Relación competencial, no jerárquica: entre el Estado y las comunidades autónomas no existe jerarquía, sino reparto de competencias. Cuando hay conflicto, lo resuelve el poder judicial, no el político.

Reparto constitucional de competencias: el Estado asume materias como defensa o relaciones exteriores; las comunidades, otras materias propias. Esto está recogido en los artículos 148 y 149 de la Constitución.

Relaciones de cooperación y colaboración: en los sistemas federales suele existir un órgano donde las entidades territoriales participan en la legislación estatal (como el Senado federal alemán). Aquí es donde España presenta una carencia importante: nuestro Senado no cumple esa función. La Conferencia de Presidentes existe, pero tiene escasa relevancia institucional.

Además, en un modelo federal suele haber haciendas diferenciadas: una hacienda federal y otras territoriales. En España también ocurre.

Por tanto, estructuralmente, España es un Estado de carácter federal, aunque imperfectamente desarrollado.

¿Por qué es un modelo inacabado? Porque faltan elementos esenciales:

• Un verdadero Senado territorial.
• Mecanismos sólidos y estables de cooperación interterritorial.
• Una clarificación definitiva del reparto competencial.

En los primeros años de la democracia, el proceso autonómico avanzó con gran rapidez. En 1979 se aprobaron los estatutos de Cataluña y el País Vasco. En 1983 estaban constituidas todas las comunidades autónomas. El desarrollo fue posible gracias al acuerdo entre los dos grandes partidos de entonces: UCD y PSOE.

En 1992 se produjo un nuevo gran acuerdo entre PSOE y PP para igualar progresivamente las competencias de todas las comunidades. El modelo avanzaba hacia un federalismo simétrico.

Hasta principios de los años 2000, el sistema estaba prácticamente consolidado. Faltaban ajustes institucionales, pero la dirección era clara.

A partir de 2004 se produce un cambio. No por una convicción doctrinal contraria al federalismo, sino por necesidades coyunturales de formación de gobierno, tanto en Madrid como en Cataluña.

El nuevo Estatuto de Cataluña (2006) rompe en parte la lógica de evolución simétrica del sistema. Se introduce la idea de un “federalismo asimétrico”, en el que determinadas comunidades —principalmente Cataluña y el País Vasco— aspiran a un estatus diferenciado.

Aquí surge el problema: el federalismo clásico parte de la igualdad competencial básica entre territorios. La asimetría permanente rompe esa lógica y mantiene el sistema en tensión constante.

Paradójicamente, el federalismo ha tenido en España dos grandes resistencias históricas: el nacionalismo —que siempre ha preferido fórmulas de soberanía diferenciada— y sectores del constitucionalismo español que asocian el federalismo con el fracaso de la Primera República.

El resultado es un modelo que estructuralmente es federal, pero cuyo desarrollo político ha quedado incompleto y, en ocasiones, distorsionado por necesidades coyunturales.

¿Cómo podría cerrarse el modelo? No sería extremadamente complejo desde el punto de vista técnico. Bastaría con:

• Reformar el artículo 2 para sustituir el “derecho a la autonomía” —ya ejercido— por un “principio de autonomía”.
• Simplificar el sistema competencial: que el Estado tenga las competencias expresamente enumeradas y que el resto correspondan a las comunidades autónomas, evitando la necesidad de reformas estatutarias constantes.
• Crear un verdadero Senado territorial.
• Reforzar los mecanismos de cooperación institucional.

Con ello se consolidaría un modelo federal simétrico y funcional.

El Estado es un instrumento, no un fin en sí mismo. Su finalidad es garantizar la libertad e igualdad de todos los ciudadanos.

El federalismo no es de derechas ni de izquierdas. Es una técnica de organización territorial. Lo importante no es el nombre —Estado autonómico o Estado federal—, sino que funcione de manera eficaz y garantice la igual libertad de todos.

Mientras el modelo permanezca inacabado y sometido a tensiones coyunturales, el conflicto persistirá.

Vicente Garrido Mayol

Catedrático de Derecho Constitucional. Presidente de la Fundación Profesor Manuel Broseta

Francesc, muchas gracias, has hecho una rápida evolución en materia autonómica y sobre el modelo territorial.

Yo, que me confieso decididamente autonomista, quiero destacar algo muy importante que se desprende de tu intervención: el Estado autonómico es irreversible en España. No cabe marcha atrás. Se puede mejorar, se puede perfeccionar, se puede culminar, pero es irreversible. Y creo también que las comunidades autónomas han contribuido decisivamente al progreso de la España constitucional.

Bien, paso a presentar a la tercera interviniente: Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado.

Es abogada del Estado y ha desempeñado puestos de gran relevancia en distintos organismos y entidades públicas. No voy a enumerarlos todos. Según Wikipedia —que, por cierto, habrá que actualizar— actualmente comparte su trabajo en los juzgados de lo contencioso-administrativo. Pero más allá de eso, lo que puedo decir por experiencia propia es que es una jurista extraordinaria, asesora de diversas entidades públicas y empresas del sector privado, socia fundadora de la consultora Iclaves y responsable de su área jurídica.

Ha sido docente en ICADE, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad San Pablo CEU y en el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, artículos de pensamiento y prensa.

Quiero destacar especialmente que es coeditora del blog Hay Derecho y secretaria general de la fundación del mismo nombre. Me confieso lector diario de ese blog, que es un ejemplo de análisis y reflexión sobre cuestiones jurídicas, políticas, sociales, económicas y culturales, siempre desde la perspectiva del Estado de derecho y la más palpitante actualidad: la independencia judicial, la política monetaria, la amnistía, la corrupción, el feminismo, la libertad de expresión o la financiación autonómica, precisamente el tema del que hoy nos va a hablar.

Elisa, muchas gracias.

Elisa de la Nuez

Secretaria general de la Fundación «Hay Derecho»

Muchas gracias a la organización por la invitación. Creo que es también un bonito homenaje a quienes han estado tan involucrados en generar este tipo de debates desde la sociedad civil.

Voy a recoger una idea que mencionaba Francesc y que conecta directamente con lo que quiero plantear: cómo, a golpe de necesidad política coyuntural o de puro tacticismo, estamos modificando nuestro sistema territorial. Y, en particular, el sistema de financiación autonómica, que es su auténtica espina dorsal. Al final estamos hablando de dinero y de cómo se distribuye entre las comunidades autónomas.

Lo que llama la atención —aunque quizá ya no debería sorprendernos— es que esta reforma derive de un acuerdo puramente coyuntural: la necesidad de investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Y, además, no es un acuerdo entre un gobierno y una comunidad autónoma, sino entre dos partidos políticos, el PSC y Esquerra Republicana, que posteriormente se traslada a la esfera nacional.

Estamos ante cambios profundos y estructurales que se adoptan sin un debate previo serio. No ya un debate técnico —al que luego me referiré— sino un debate político abierto, con conocimiento por parte de la ciudadanía. La financiación autonómica es un asunto extremadamente complejo, poco transparente y difícil de entender. Y, en ese contexto, nos encontramos con que se pretende reformar el sistema —que sin duda necesita reformas— pero hacerlo así, con opacidad y por la puerta de atrás.

Además, hay un elemento esencial: la irreversibilidad. No hablo de revertir el Estado autonómico —eso no está en cuestión—, sino de que ciertos modelos de financiación que favorecen claramente a una comunidad autónoma son muy difíciles de revertir una vez implantados. Y eso debería preocuparnos.

El problema no es nuevo, pero se ha agudizado con un Gobierno en minoría, dependiente de alianzas con partidos independentistas. No estamos teniendo un debate serio sobre el modelo de financiación territorial, que es absolutamente clave.

Existía un amplio consenso técnico sobre la necesidad de reformar el sistema vigente desde 2009: hacerlo más transparente, más objetivo, menos arbitrario; ajustar variables como el envejecimiento o la dispersión poblacional. Había consenso entre expertos. Sin embargo, lo que nos encontramos es un acuerdo puntual y tacticista que nada tiene que ver con ese debate riguroso y abierto.

El problema del régimen foral

Conviene recordar que Cataluña es una comunidad de régimen común. España tiene dos comunidades forales —País Vasco y Navarra— que están fuera del sistema común de financiación, recaudan todos sus impuestos y después pagan al Estado un cupo o aportación por los servicios que este presta (defensa, relaciones exteriores, etc.). Ese cálculo ha sido históricamente político y vinculado a las necesidades del Gobierno central.

Este modelo genera una anomalía: dos comunidades muy ricas que no contribuyen al sistema de solidaridad interterritorial en los mismos términos que el resto. Y eso introduce una tensión permanente, porque otras comunidades pueden aspirar legítimamente a un sistema similar. Pero matemáticamente es imposible que todas tengan un “cupo”. El derecho es flexible hasta cierto punto; las matemáticas, no.

La Constitución ampara el régimen foral en su disposición adicional primera, pero no ampara necesariamente el modo concreto de cálculo del cupo. Eso puede modificarse.

• Principios constitucionales en juego
• La financiación autonómica no está predeterminada en la Constitución, pero sí está regida por principios esenciales:
• El principio de solidaridad (artículo 2).
• La autonomía financiera (artículos 156-158).
• El principio de coordinación.
• La garantía de igualdad básica en el acceso a servicios públicos fundamentales.

El artículo 158 prevé instrumentos como el Fondo de Compensación Interterritorial para garantizar esa solidaridad. El objetivo es claro: que todos los ciudadanos tengan un nivel similar de servicios públicos básicos, vivan donde vivan.

El Estado tiene la responsabilidad última de garantizar esa igualdad. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda en educación, sanidad o dependencia.

El problema del procedimiento

Más allá del fondo, el procedimiento importa. Las formas son la esencia del Estado de derecho.

Para el régimen común, la reforma del sistema debe ser multilateral, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque afecta a todas las comunidades. No puede ser el resultado de un acuerdo bilateral previo ya cerrado políticamente.

El argumento utilizado —que Cataluña está infra financiada— no se sostiene en términos de financiación per cápita. Existen comunidades objetivamente peor financiadas.

Y, sin embargo, el punto de partida de la reforma es que Cataluña debe salir con más recursos que antes. Ese es el “pie forzado”. Después se ajustan los fondos y mecanismos para que las cifras cuadren.

Se introducen fondos específicos diseñados a medida —medioambientales, ligados al IVA de pymes— que permiten alcanzar la cifra comprometida políticamente. Pero el diseño responde al resultado deseado, no a criterios objetivos.

Una reflexión institucional

Estamos ante reformas que alteran profundamente el sistema sin debate público suficiente, con presupuestos discutibles y con una lógica instrumental que debilita controles.

Si el Tribunal Constitucional decide no analizar los presupuestos fácticos de una norma por considerarlos “metajurídicos”, se está privando a sí mismo de instrumentos de control que pueden ser esenciales en el futuro. Los controles institucionales deben valer siempre, no solo cuando la mayoría coincide con nuestras preferencias.

Del mismo modo, el Estado, al renunciar a capacidad financiera, renuncia también a capacidad de garantizar la solidaridad y la cohesión territorial.

Estamos hablando de la financiación del Estado del bienestar: sanidad, educación, dependencia. No es una cuestión menor.

Conclusión

El modelo territorial es un instrumento. Debe servir para garantizar igualdad y libertad. Si funciona, es válido; si no, hay que reformarlo con seriedad.

Pero las reformas estructurales no pueden hacerse con opacidad, ni a partir de presupuestos discutibles, ni debilitando los principios constitucionales que sostienen el sistema.

Porque los mecanismos de control que hoy debilitamos pueden ser los que mañana necesitemos.

Y, sinceramente, la financiación autonómica es una de las cuestiones más graves y decisivas que estamos afrontando, incluso en un contexto en el que ya hemos visto muchas cosas preocupantes.

Vicente Garrido Mayol

Catedrático de Derecho Constitucional. Presidente de la Fundación Profesor Manuel Broseta

Es una reflexión llena de sensatez. Y precisamente por eso resulta tan llamativo que el pacto o el proyecto del que se habla se presente bajo el rótulo de “financiación singular”. Se le añade el adjetivo: singular, pero solidaria; singular, pero común. Y cuando uno escucha que algo es singular, solidario y común al mismo tiempo, no puede evitar cierta perplejidad. Francamente, resulta difícil no calificarlo de desconcertante.

Nos quedan ya muy pocos minutos. Tengo muchas preguntas que hacer —los temas han sido magníficos y podríamos continuar durante horas—, pero creo que ahora debe ser la sociedad civil aquí presente la que asuma el protagonismo.

Les ruego, eso sí, que las preguntas sean muy breves. Preguntas, por favor; no conferencias.

Intervención del público

(No se identifica)
Buenos días. Muchas gracias.

Voy a ser muy breve. Llevo años asistiendo a distintos congresos y debates, tanto a estos —desde el principio, con el llorado Aldo Olcese— como a otros muchos. Y siempre me surge la misma pregunta.

En todos los foros escucho lo mismo: “hay que…”, “los ciudadanos tienen que…”. Salgo de aquí con una ilusión enorme, pero cuando vuelvo a la realidad me estrello otra vez. Los ciudadanos están desmotivados. No tenemos cauces reales de participación.

Hoy, mientras escuchaba las intervenciones, pensaba: quizá hay un sector de la sociedad que podría ayudarnos mucho más, y son los periodistas. Me llama la atención que todos estemos en contra del autoritarismo, sea del signo político que sea, pero cuando una persona con actitudes claramente autoritarias convoca una rueda de prensa sin preguntas, allí están todos los medios: hacen la foto, escuchan el discurso y se acabó.

¿Por qué no podrían los periodistas —que tienen muchas más posibilidades que un ciudadano de a pie para hablar con quienes ejercen el poder— empezar por algo tan básico como un apagón informativo frente a este tipo de prácticas? ¿Por qué no dar más voz a los ciudadanos?

Porque, si no tenemos micrófono más que cuando venimos a actos como este, poco podemos hacer. Llevo años sintiendo esa frustración, y quería saber si lo que propongo es una utopía o si realmente tiene alguna posibilidad.

Muchas gracias.

Miriam González Durántez

Fundadora del Think Thank «España Mejor»

Bueno, comparto parte de esa frustración.

Es verdad que desde los medios de comunicación se podría hacer mucho más. Pero también hay que ser conscientes de la situación real de muchos medios en España: atraviesan enormes dificultades económicas, y eso hace que sea muy fácil para el poder político ejercer presión, a veces indirecta y, en no pocas ocasiones, directa.

Y, aun así, es impresionante que haya periodistas que, en ese contexto, sigan siendo independientes y valientes.

Pero quiero matizar algo que has dicho: “ustedes, que pueden…”. Nosotros, ¿qué podemos? Es importante tener claro quiénes estamos aquí. Basta ver el tipo de público presente —personas que pueden permitirse venir a esta hora a debatir estos asuntos— para entender que muchos de vosotros tenéis capacidad pública, influencia y margen de actuación.

Y creo que eso no se ha asumido plenamente en este país.

En este último año y medio, desde España Mejor, hemos estado reuniéndonos con ciudadanos por todo el país. Y a veces uno piensa: quienes tienen más medios, más capacidad, más libertad, ¿de verdad quieren que sea el carpintero de mi pueblo —yo soy de un pueblo de Castilla y León— quien salga a defender estas causas?

No. Quienes tienen más poder tienen también más responsabilidad.

Mi percepción, tras estos años de trabajo intenso, es doble:

Primero, que somos muchos, pero no estamos organizados. Las conversaciones se quedan muchas veces en un plano intelectual, pero no logran conectar con la calle.

Segundo, que cuando se actúa con intensidad y se presiona, los medios se mueven, aunque sea un poco. Se nota en la parte económica y social. Donde no se mueve absolutamente nada —y me da igual el color político— es en la parte de la limpieza institucional.

Eso es lo que me ha llevado a pensar que quizá haya que explorar también una vía más política. Algunos podrán hacerlo desde nuevos partidos; otros, desde corrientes críticas dentro de los partidos existentes; y otros, organizándose con más fuerza en la sociedad civil.

Muchas gracias

Intervención del público

(No se identifica)
Yo creo que en España es imprescindible abrir un gran debate sobre la eficiencia del gasto público. Por poner un ejemplo: Cataluña se queja de un supuesto déficit fiscal que, según quién lo calcule, es de 2.000 millones o de 20.000; esto parece casi una lotería. Sin embargo, el hecho real es que, con el FLA -Fondo de Liquidez Autonómico- que implantó el ministro Montoro, ese supuesto déficit fiscal ha estado cubierto cada año por el Gobierno central, sin devolución ni de intereses ni de capital.

Por lo tanto, si el dinero lo han tenido, el déficit fiscal, como tal, no existe en términos prácticos. Y, sin embargo, seguimos centrando el debate en los ingresos y no en el gasto.

En 2024, quien más empleo público ha creado en España ha sido la propia Administración pública. Esto no es normal. En plena digitalización, no parece lógico. Hay duplicidades de actuaciones por todas partes, también en el ámbito de las diputaciones y otras estructuras. No entiendo por qué este debate no se aborda.

Probablemente los partidos políticos, al tener todos algún ámbito de poder, no entran en el gran debate de cómo se gasta el dinero público. El Tribunal de Cuentas no hará ese trabajo, porque está compuesto por cuotas de partido. Y la AIReF, que podría desempeñar ese papel, no tiene medios suficientes ni, previsiblemente, se los darán.

Este es, a mi juicio, el gran debate pendiente.

Y permítanme terminar con una reflexión para no perder de vista el problema de fondo que tenemos en España. En las jornadas del Círculo de Economía del año pasado en Barcelona, cuyo título general era “Europa frente a China y Estados Unidos: ¿dónde queda Europa?”, en una mesa redonda intervino Luca de Meo, una persona muy lúcida que ha sido presidente de SEAT y de Renault. En un momento dado dijo: “Si me permiten un paréntesis, todo lo que estamos hablando es muy importante, pero el gran problema de Europa es que las clases medias están desapareciendo”.

En España, con el nivel salarial que tenemos, es muy difícil afrontar el futuro con optimismo.

Por eso insisto: el tema de la eficiencia del gasto público es fundamental. Hemos tratado mucho el tema de los ingresos, pero el foco debe ponerse también en cómo se gasta.

Desde nuestra fundación realizamos un estudio —“Dedómetro sobre mérito y capacidad en el sector público en Cataluña”— y lo primero que llama la atención es el tamaño de su sector público. Cataluña tiene muchas más entidades que cualquier otra comunidad autónoma. En algunos casos puede tener cierta lógica por competencias específicas, pero en la mayoría responde a esa idea de “estructuras de Estado”: se quiere replicar un Estado y, por tanto, se crean multitud de entidades públicas.

El estudio también mostraba que el gasto en esas entidades es muy superior a la media del resto de España. Hicimos comparativas con Madrid, que tiene un PIB similar, y con Andalucía, que tiene menor PIB pero mayor extensión territorial. Aunque el análisis no abarca la totalidad del gasto público, sino una muestra significativa, el resultado era claro: en este ámbito, el gasto público en Cataluña es mayor.

Y creo que es importante poner el foco ahí. A veces se dice que es “el chocolate del loro” en comparación con partidas como las pensiones. Pero no es solo una cuestión cuantitativa; es una cuestión de ejemplaridad. Si los ciudadanos perciben que sus impuestos no se utilizan adecuadamente, mientras las infraestructuras se deterioran y los servicios básicos muestran carencias, se debilita la disposición a contribuir.

Por tanto, estoy totalmente de acuerdo en que hay que centrar el debate en la eficiencia del gasto. Y, en particular, creo que Cataluña tiene un problema de exceso de estructuras públicas y, probablemente, de gestión mejorable.

Intervención del público

(No se identifica)

En primer lugar, quiero dar la enhorabuena por esta magnífica y trascendental mesa redonda.

Quisiera formular una propuesta formal, por si este congreso considera oportuno elevar una conclusión —entre las muchas que puedan derivarse— a las instituciones europeas, en particular al comisario europeo de Justicia y a las presidencias de las instituciones de la Unión.

Desde la sociedad civil española, integrada por 130 asociaciones, remitimos el pasado miércoles una carta al comisario europeo de Justicia, señor McGrath, denunciando que el presidente del Gobierno ha conculcado y atacado la independencia judicial, al pretender condicionar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) e incluso anticipar el sentido de su fallo sobre la ley de amnistía.

En su comparecencia de balance anual del pasado 15 de diciembre, en el Palacio de la Moncloa, ante todos los españoles y ante medios de comunicación nacionales e internacionales, afirmó —casi literalmente, en el minuto 40:02, para quien quiera comprobarlo— que “la ley de amnistía es legal”, y sostuvo que informes europeos relevantes, como el de la Comisión Europea o el de la Comisión de Venecia, le daban la razón.

Sin embargo, la Comisión Europea señaló en junio que se trataba de una autoamnistía vinculada a la obtención de apoyos parlamentarios para la investidura, y la Comisión de Venecia advirtió que la norma afecta a elementos fundamentales del Estado de Derecho europeo. Asimismo, el presidente del Gobierno invocó el criterio del abogado general del TJUE, señor Spielmann, afirmando que respaldaba la ley en aras de la “concordia en Cataluña”, cuando ese es un argumento de carácter político, no estrictamente jurídico.

Entendemos que estas declaraciones constituyen un ataque directo a la independencia judicial y al propio TJUE. Por ello, como decía, lo pusimos en conocimiento del comisario europeo de Justicia el miércoles pasado.

Además, el viernes siguiente, ciudadanos españoles se manifestaron en Cádiz, junto al Monumento a la Constitución, denunciando diversos ataques —hasta 41, según se ha señalado— a la Constitución, y reiterando expresamente esta preocupación: el intento de influir o condicionar al TJUE de cara al próximo fallo sobre la ley de amnistía.

Por todo ello, creo que es importante descender al terreno de lo concreto. Y, modestamente, solicito que este congreso valore la posibilidad de incorporar una conclusión en este sentido: instar a las instituciones europeas, y en particular al comisario de Justicia, a que garanticen y salvaguarden la independencia judicial ante lo que consideramos una injerencia del presidente del Gobierno en relación con el próximo pronunciamiento del TJUE.

Muchas gracias y disculpen la extensión.

Miriam González Durántez

Fundadora del Think Thank «España Mejor»

Bueno, creo que se encuentra aquí el presidente del Congreso y de la Fundación Independiente, y esta tarde habrá una sesión en la que se expondrán las conclusiones. Por tanto, la propuesta que acabas de formular podrá ser considerada en ese marco.

Dicho esto, sí me gustaría dejar clara una cuestión. Yo he trabajado en la Unión Europea y me he ocupado de asuntos europeos durante muchos años, y si hay algo de lo que tengo pocas dudas es de la independencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sinceramente, una de las buenas noticias —de las muy buenas cosas que todavía tenemos en Europa— es que la justicia europea funciona. Puede gustarnos más o menos el sentido de sus decisiones, puede acertar o equivocarse como cualquier institución humana, pero lo que no se le puede reprochar es falta de independencia.

Por eso, si esa es la línea de actuación que vais a seguir, mi única recomendación sería reflexionar bien sobre el cauce institucional más adecuado. Personalmente, no acabo de entender por qué se dirige la iniciativa al comisario, pero en cualquier caso quiero insistir en que la independencia del Tribunal de Justicia está, a mi juicio, plenamente garantizada y así lo ha demostrado en numerosas ocasiones.

Vicente Garrido Mayol

Catedrático de Derecho Constitucional. Presidente de la Fundación Profesor Manuel Broseta

Podríamos seguir todo el día con las magníficas aportaciones de los componentes de esta mesa, pero tenemos que dar paso a los compañeros de la siguiente mesa.

Muchas gracias a todos.

 

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