SESIÓN III. ESTRATÉGIA E INNOVACIÓN SOSTENIBLE
MESA B. TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y AUTONOMÍA ESTRATÉGICA
MODERADOR
Vocal de la Junta Directiva de la Fundación Independiente, abogado y consultor
Alex Cortés Fernández
Buenas tardes a todos.
En primer lugar, es un honor estar hoy aquí en el V Congreso de la Sociedad Civil, en Madrid, en la Fundación Abante, un espacio fundamental para debatir no solo lo que sucede en nuestro país, sino también lo que podemos construir juntos en materia de transición ecológica y autonomía estratégica, que es precisamente el tema de esta mesa.
Para situarnos en el contexto social y político actual, estamos viviendo un momento de profundas transformaciones políticas y económicas. Entre ellas, la transición energética se ha convertido en un eje clave para impulsar la descarbonización y fortalecer el sector productivo. Este cambio representa una palanca estratégica para España en las próximas décadas, en la que todos somos actores: empresas, administraciones y sociedad civil, y todos tenemos un papel relevante.
La transición energética no es solo un compromiso social ni una transformación económica. También constituye una estrategia de desarrollo, cohesión social y refuerzo de la soberanía, tanto nacional como europea. Representa una oportunidad histórica para avanzar hacia un modelo productivo más resiliente, competitivo y sostenible, en el que todos los actores contribuyen a mejorar nuestro país.
En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, competencia entre potencias y vulnerabilidades estratégicas, garantizar nuestra autonomía y resiliencia se ha convertido en una prioridad para Europa. Desde hace años, estamos avanzando hacia un mundo más polarizado, con mayores riesgos regulatorios, productivos y económicos. Por eso, la transición ecológica se presenta como un pilar clave de esta transformación, junto con otros sectores estratégicos como las telecomunicaciones y las cadenas de valor críticas, que también requieren liderazgo y respuestas ágiles ante los desafíos actuales.
Cabe destacar que, en el último año, los informes Draghi y Letta han marcado un hito en Europa y serán parte de las cuestiones que abordaremos, ya que la incertidumbre y las preguntas sobre estos desafíos persisten.
Hablando específicamente de España, contamos con recursos excepcionales y capacidad tecnológica para liderar sectores de alto valor añadido. El hidrógeno verde, el biometano y otras soluciones innovadoras no son solo alternativas limpias, sino vectores de competitividad industrial y generación de empleo de calidad. El desafío es grande, pero la oportunidad es aún mayor: podemos modernizar infraestructuras, atraer inversión, impulsar nuevas filiales industriales y reforzar nuestra posición estratégica dentro de la Unión Europea. España tiene la ambición y la vocación de convertirse en un hub de innovación, energía y tecnología en el sur de Europa.
Este cambio debe ser equilibrado y justo, y la transición ecológica debe ir de la mano de la innovación tecnológica. La sociedad civil, aquí representada en este Congreso, tiene un papel central, no como espectador, sino como actor activo en este proceso. Es nuestra responsabilidad contribuir a la mejora de la sociedad mediante propuestas, participación y legitimidad. Por ello, iniciativas como este Congreso son imprescindibles, permitiendo un diálogo con directivos y expertos que lideran estas grandes transformaciones.
Permítanme ahora presentar brevemente a quienes compartirán esta mesa de análisis:
A mi derecha, Patxi Calleja, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Administración de Empresas y Management. Es director de Regulación de Iberdrola España desde 2018, con más de 25 años en la compañía. Coordina la elaboración de propuestas normativas y la interlocución con administración, legisladores, asociaciones y sociedad civil en materia regulatoria.
A mi lado, Juan Llobell, director de Corporate Affairs en Moeve. Licenciado en Periodismo y Ciencias Políticas, experto en medios de comunicación corporativa. Fue director de comunicación y relaciones institucionales en la multinacional alemana Bertelsman, y desempeñó distintos cargos en Expansión, incluyendo corresponsal en Nueva York. También ha sido profesor en el Instituto de Empresa, aportando su experiencia en comunicación corporativa y liderazgo.
Luisa Alli, directora de la Junta de Presidencia de Fundación Telefónica y directora general de Fundación Hermes. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y con formación en el Woman Executive Program. Ha liderado comunicación corporativa y consultoría en instituciones y empresas como IKEA España y CRP España, aportando una visión estratégica sobre comunicación, reputación y gobernanza.
Vicente López Ibor, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con formación en Harvard Business School y Yale. Excomisionado de la Comisión Nacional de la Energía y exconsejero especial del Comisario de Energía de la Unión Europea. Socio fundador y presidente del despacho López Ibor y Asociados, especializado en derecho energético y ambiental. Profesor en la Universidad Pontificia de Comillas y miembro del Consejo Asesor de Planet First Partners. Preside la Asociación Española de Derecho de la Energía y la Federación Europea de Asociaciones de Derecho de la Energía.
A partir de aquí, abriremos brevemente el debate. Cada uno podrá hacer una pequeña intervención, y luego plantearé algunas preguntas para abordar las diferentes temáticas de nuestra mesa.
Si te parece, empezamos contigo, Patxi. Muchas gracias.
PONENTES
Director de Regulación de Iberdrola España
Francisco Calleja
Muchas gracias por la invitación.
Hoy vamos a hablar de autonomía energética y creo que todos percibimos que el mundo ha cambiado. Los pesos geopolíticos y la estrategia global están en transformación. Hemos venido de un período muy largo, 50 o 60 años, en el que la seguridad se basaba en la interdependencia: cuanto más dependiéramos unos de otros, menos daño nos haríamos y así basábamos nuestra seguridad. Pero eso ha cambiado. Hoy, la autonomía y la independencia —dejar de depender de terceros— se han convertido en prioridades para la seguridad global.
Si miramos a Europa y los informes Draghi y Letta, el diagnóstico es que no tenemos ni gas ni petróleo propio, lo que nos genera una vulnerabilidad económica significativa. Además, siempre tendremos gas más caro que Asia o Estados Unidos, porque tenemos que traerlo, licuarlo, transportarlo y regasificarlo. Esto supone más de la mitad del precio del gas que consumimos en España. Incluso con grandes acuerdos, siempre perderemos competitividad.
En cuanto al peso económico, hoy Europa representa alrededor del 17 % del PIB mundial, similar a China, mientras Estados Unidos alcanza el 26 %. En 2010, Europa y Estados Unidos estaban a un nivel similar, y China apenas solo representaba el 5 %. Esto significa que, mientras China avanzaba y Estados Unidos progresaba, Europa se ha quedado más estática, especialmente en un contexto energético basado en fósiles, con niveles de competitividad inferiores a los de Estados Unidos.
Ahora, desde el punto de vista español, tenemos una ventaja estratégica: estamos bien posicionados en esta revolución energética e industrial, en la sustitución de combustibles fósiles por electricidad. España nunca ha estado tan bien posicionada en otras revoluciones tecnológicas que ha habido. Esto no quiere decir que lo estemos haciendo perfecto, pero la posición nos da la oportunidad de avanzar correctamente.
España cuenta con recursos renovables extraordinarios y una necesidad creciente de electrificación para producir calor o movernos. Tenemos más de 2.000 horas al año con precios de electricidad muy competitivos lo que representa una ventaja industrial brutal. El precio de producir electricidad en Italia es un 61% más caro que en España y el de Alemania un 48% más caro. Tenemos ventaja competitiva, pero hay que saber aprovecharla.
Además, la electricidad tiene ventajas intrínsecas, la primera es la autonomía, es decir, se produce donde se consume y la segunda es la eficiencia (con electricidad se necesita menos energía para hacer lo mismo). Por ejemplo, un vehículo eléctrico es hasta 4 veces más eficiente que uno de combustión interna y. lo mismo ocurre para producir calor en la industria. La mitad del consumo industrial de calor es de baja temperatura, por lo que es fácilmente electrificable con la tecnología disponible actualmente.
Pero aún nos faltan dos cosas: infraestructura para conectar demanda y fiscalidad. Primero, la infraestructura: no hay redes suficientes para conectar las solicitudes que hay. En los últimos cuatro años, las peticiones industriales de acceso a la red se han multiplicado por diez, pero nueve de cada diez proyectos se bloquean por falta de capacidad en las redes eléctricas. Esto frena decisiones de inversión en España.
Y segundo, la fiscalidad: España grava la electricidad autóctona mucho más que a los combustibles fósiles importados. Para ilustrar la magnitud, los tres productos más gravados en España son: tabaco (80 %), alcohol (40 %) y la electricidad con un 37% de impuestos.
Estas son reflexiones clave que debemos analizar y sobre las que tomar decisiones si queremos avanzar en autonomía energética y crecimiento industrial.
Vocal de la Junta Directiva de la Fundación Independiente, abogado y consultor
Alex Cortés Fernández
Gracias, Patxi.
Juan, me gustaría que ahora compartieras tu perspectiva sobre los principales retos y oportunidades que enfrenta España en la próxima década, especialmente en relación con la transición energética y el desarrollo de las moléculas verdes.
Director de Corporate Affairs de MOEVE
Juan Llobell
Bueno, voy a intentar ligar un poco las dos ideas y retomar lo que se estaba comentando. Creo que al final hay una convergencia muy clara.
En primer lugar, muchas gracias por haber invitado a Moeve para estar aquí. Es un placer hablar sobre autonomía estratégica y Europa.
Hay muchas formas de abordar este tema: podemos ir a un nivel más elevado —como en Davos, donde se observan las tendencias globales desde una perspectiva amplia— o podemos entrar en el detalle técnico. Yo me quedaría primero en lo más elevado.
Estamos pasando de un sistema basado en reglas a un sistema basado en poder. No hace falta analizar demasiado: basta con abrir la ventana y observar lo que está ocurriendo. La autonomía estratégica de Europa es, como decía Patxi, absolutamente necesaria. Europa no tiene energías fósiles y nunca será competitiva en ese campo. Nuestra fortaleza está en lo renovable, en un sentido amplio. No todo se puede electrificar, pero siempre debemos electrificar lo que sea posible.
Aun así, aproximadamente la mitad del sistema energético mundial no puede electrificarse y necesita moléculas: hidrógeno y sus derivados, amoníaco, metanol o biocombustibles, para descarbonizar transporte marítimo y aéreo, industria, etc. Y esa es precisamente la fortaleza de la Península Ibérica y de España.
¿Cómo podemos profundizar esa autonomía estratégica? No es solo un concepto económico; también es político, defensivo y social. Como han señalado Draghi y Letta, todo está diagnosticado y descrito múltiples veces; lo que falta es llevarlo a la práctica, y ese es el verdadero desafío un año después. La manera más efectiva de avanzar rápidamente en autonomía estratégica es acelerar la descarbonización, y aquí el sector privado tiene un rol fundamental.
Por ejemplo, estamos transformando una compañía histórica, una petrolera convencional de casi 100 años, para que en esta década la mitad de sus ingresos provenga de fuentes sostenibles. Como parte de esta estrategia, hemos alcanzado un principio de acuerdo con Galp, una de las grandes petroleras en Portugal, para constituir una península ibérica integrada. Esto refuerza la posición de Europa, aprovechando nuestros abundantes recursos solares y eólicos, nuestro talento, experiencia y cadenas de valor industriales. España rara vez ha tenido un “tren” económico tan favorable para reindustrializarse y generar empleo de calidad; esta oportunidad está ahí y debemos aprovecharla.
La autonomía estratégica de Europa requiere diversificar no solo las fuentes energéticas, sino también los aliados y socios con los que colaboramos. Esto está ampliamente documentado en los informes de Draghi y Letta y es una necesidad evidente. Además, todo depende de la infraestructura: hidroductos, terminales portuarias, almacenamiento, e interconexiones. Todo eso está estudiado; lo que necesitamos ahora es acción urgente.
A veces Europa se pierde en debates interminables, en la maraña regulatoria o intelectual, y eso puede ser un freno. Por eso creo que debemos predicar más desde la urgencia de la acción que desde la teoría. Con esto me detengo aquí, y luego retomaremos los detalles más técnicos y estratégicos.
Vocal de la Junta Directiva de la Fundación Independiente, abogado y consultor
Alex Cortés Fernández
Muchas gracias, Juan.
Pasando de la dimensión energética a la digitalización, que impacta de manera crucial en la autonomía estratégica, Luisa, me gustaría preguntarte: ¿cómo puede la gobernanza digital y energética orientarse hacia la innovación, la autonomía estratégica y la sostenibilidad, sin comprometer la democracia, preservando al mismo tiempo la libertad y el estado de derecho?
Presidenta Adjunta de la Fundación Telefónica. Directora General de la Fundación Hermes
Luisa Alli
Muchas gracias por la pregunta y por invitarme. Sí, soy quizás un poco “el raro” de la mesa, pero creo que hay una conexión clara entre lo que estamos hablando: autonomía estratégica y tecnología, aunque se aborden desde perspectivas diferentes, en el fondo estamos hablando de lo mismo
No entraré en debates técnicos, ya que represento varias organizaciones y no solo Telefónica al 100 %. Pero lo que está claro es que Europa enfrenta problemas importantes y, a esto se suma la necesidad de soberanía tecnológica —o, mejor dicho, co-soberanía—. Esto significa asegurar que tenemos control sobre nuestras infraestructuras tecnológicas y, más importante aún, sobre los derechos y datos de los ciudadanos europeos.
Lo relevante aquí es que debemos construir nuestro propio ecosistema tecnológico. De lo contrario, seguiremos siendo meros usuarios o seguidores de tecnología, haciendo lo que otros países deciden por nosotros. Por eso, creo que la sociedad civil debe hacer un esfuerzo de optimismo: sí, tenemos muchos problemas, desde ciberataques hasta tensiones geopolíticas, pero Europa ha demostrado que cuando trabajamos juntos podemos alcanzar logros extraordinarios. Tenemos ejemplos históricos de éxito cuando nos unimos y aplicamos nuestra capacidad de innovación, como en la industria aeronáutica con Airbus.
Tenemos muchos retos, pero también ventajas claras: los primeros pasos ya están identificados, gracias a diagnósticos como los de Draghi y Letta. Solo falta ponernos en marcha. Aquí, las empresas tienen un rol clave: son los organismos mejor preparados para producir cambios efectivos porque todos los días operan en entornos complejos, saben cómo activar, modificar y cumplir normas, y pueden implementar nuevas regulaciones de forma práctica y eficiente, sin caer en la sobrerregulación que frene el desarrollo.
La parte ideológica también es crucial. Necesitamos control sobre las infraestructuras digitales y proteger los derechos fundamentales en el mundo digital, que incluyen derechos tradicionales y nuevas necesidades surgidas con la tecnología. Cuidar a las personas no puede ser un obstáculo para el progreso; al contrario, es un principio que nos debe guiar. La regulación debe ser inteligente, orientada a proteger a las personas y, al mismo tiempo, a permitirnos crear tecnología con nuestros propios valores, conquistar mercados y evitar convertirnos en “siervos digitales”.
Hoy, los europeos no estamos jugando el partido que nos corresponde. Vamos retrasados, y a veces nos limitamos a tapar problemas con regulación. Pero hasta que no seamos protagonistas y creadores de nuestra propia tecnología, no podremos asumir el control que necesitamos.
La buena noticia es que tenemos capacidades: talento, recursos, intención y empresas capaces de asumir este reto. Por eso, creo que debemos ver con optimismo esta etapa de desafíos europeos: el diagnóstico está hecho, y ahora solo queda ponernos a trabajar para crear la tecnología que nos haga autónomos, soberanos y competitivos en el mundo, o al menos para que no nos dejemos avasallar en áreas que nos pertenecen.
Vocal de la Junta Directiva de la Fundación Independiente, abogado y consultor
Alex Cortés Fernández
Hay un elemento común en esta mesa: de una forma u otra, todos estamos vinculados a la regulación. Y la regulación existe precisamente para establecer un marco común y, sobre todo, para mejorar la vida de las personas, que será también la segunda gran perspectiva que abordaremos en esta mesa.
En este contexto, hemos hablado del informe Draghi y también se ha mencionado la cuestión de la hiperregulación.
Vicente, como experto en regulación y en derecho energético, me gustaría preguntarte: ¿qué papel está desempeñando hoy la regulación? Y, sobre todo, ¿qué debería hacer Europa en la próxima década en materia regulatoria? Porque muchas veces se percibe como un problema, cuando en realidad debería ser parte de la solución.
Presidente de la Federación Europea de Asociaciones de Derecho de la Energía ( EFELA). Co-fundador del Consejo Europeo de Reguladores de Energía ( CEER
Vicente López-Ibor Mayor
Si me permites, haré un apunte general para encajar esta primera ronda e intentar después responder a tu pregunta sobre la regulación, si soy capaz.
Has abierto la jornada con dos conceptos centrales que nos convocan hoy aquí y que están plenamente presentes en el debate europeo: la autonomía estratégica y la transición energética. Son dos cuestiones distintas, aunque profundamente conectadas.
La autonomía estratégica es una circunstancia histórica y, por tanto, de naturaleza geopolítica. También puede abordarse desde la idea de soberanía, lo que abre un debate político de fondo. Recientemente, en el Consejo de Estado francés, se hablaba abiertamente de soberanía energética; en otros países europeos, sin embargo, el término genera incomodidad porque recuerda la dificultad histórica de desarrollar una política energética común y verdaderamente integrada. Pero, en cualquier caso, estamos ante una circunstancia histórica.
La historia —como decían los renacentistas, maestra de la vida— nos ha sorprendido en apenas un lustro con dos hechos absolutamente trascendentales. Uno, completamente inesperado: la pandemia del COVID, que supuso la ruptura de las cadenas de valor globales. El otro, la guerra en Europa, protagonizada por una gran potencia energética como es Rusia, el país más extenso del mundo, con una capacidad extraordinaria en recursos y reservas. Basta observar lo que ocurre en el Ártico para comprender la magnitud del desafío. Estos acontecimientos obligan a Europa a replantearse su organización geopolítica y su autonomía energética en órdenes de magnitud muy superiores a los que manejábamos antes.
La segunda cuestión es la transición energética. Aquí estamos ante un reto global que responde a un consenso científico ampliamente consolidado sobre la necesidad de descarbonización en plazos muy exigentes. Podemos debatir los matices, pero lo cierto es que los riesgos de no actuar son enormes, y a menudo se subestiman.
Se han mencionado los informes Draghi y Letta. Permítanme recordar otros informes que fueron determinantes en la Europa de los años 80 y 90, como el informe Cecchini. Aquel documento impulsó, mediante más de 200 directivas, la liberalización y apertura a la competencia de los mercados europeos. Pero lo más interesante era su pregunta central: ¿cuál es el coste de no hacerlo? ¿Qué impacto tendría en el PIB, en la integración, en el desarrollo de los mercados? Esa pregunta sigue siendo plenamente vigente hoy.
Europa ya intentó avanzar hacia una Unión Energética, en el mandato anterior de la Comisión. Era un proyecto ambicioso, comparable en cierto modo a la Unión Económica y Monetaria. Pero la energía es, en última instancia, una cuestión profundamente política. Si queremos tener fortaleza en un mundo que evoluciona hacia relaciones de poder e influencia, debemos avanzar también en fórmulas políticas más integradas.
Recordemos que el 25 de marzo de 1957, en Roma, no se firmó solo el Tratado de la Comunidad Económica Europea, sino también el Tratado de Euratom. En su preámbulo se reconoce explícitamente el carácter central de la energía para el desarrollo europeo. Europa nace tras la Segunda Guerra Mundial con un doble objetivo: garantizar la paz y asegurar el desarrollo económico y su proyección en el mundo. La energía era —y sigue siendo— un pilar esencial para ello.
Desde el punto de vista regulatorio, hay que tener en cuenta un elemento clave: España, como Estado miembro, debe cumplir sus compromisos europeos. Hoy, aproximadamente el 80 % de la normativa en materia de energía y telecomunicaciones proviene directamente de la Unión Europea, ya sea mediante reglamentos de aplicación directa o directivas con márgenes limitados de adaptación nacional. Por tanto, nuestro debate es inseparable del marco europeo.
¿Qué papel debe jugar la regulación en la próxima década?
Desde una perspectiva técnico-jurídica, yo señalaría cuatro cuestiones fundamentales:
Primero, simplicidad. Los mercados funcionan mejor con marcos normativos claros y estructurados. La primera directiva del mercado eléctrico tenía apenas diez páginas; hoy, la normativa equivalente puede superar las seiscientas. El volumen no es en sí el problema, pero sí es un indicio de complejidad excesiva.
Segundo, codificación. Unificar y sistematizar normas facilita la coherencia y la seguridad jurídica.
Tercero, simplificación administrativa. No podemos exigir inversiones urgentes en infraestructuras y, al mismo tiempo, bloquearlas por falta de capacidad regulatoria o por procedimientos interminables. Eso genera ineficiencia y pérdida de competitividad.
Cuarto, principios. El derecho medioambiental europeo ha avanzado con mayor coherencia porque se ha apoyado en grandes principios rectores. El derecho energético debería reforzar también esa base principalista, que permita desarrollar el conjunto normativo con mayor consistencia.
Y, para terminar, permítanme agradecer a la Fundación Independiente su invitación, y la personifico en el vicepresidente que está aquí escuchándonos. La sociedad civil necesita coraje, independencia y criterio. Y esa independencia es, a mi juicio, uno de los mayores servicios que se pueden prestar a una sociedad democrática.
Muchas gracias.
Vocal de la Junta Directiva de la Fundación Independiente, abogado y consultor
Alex Cortés Fernández
Gracias, Vicente.
Has hablado del papel de la regulación europea y, por ejemplo, en el ámbito de la digitalización y las infraestructuras críticas estamos viendo movimientos muy relevantes.
La Comisión Europea ha presentado recientemente propuestas normativas —ya veremos si finalmente adoptan la forma de reglamentos o directivas— especialmente en materia de ciberseguridad. Ahí tenemos iniciativas como la CCAT – Cybersecurity Certification and Assessment Tools- y la DNA – Cisco Digital Network Architecture-, que quienes seguimos de cerca el sector de las telecomunicaciones conocemos bien y estamos analizando estos días con especial atención.
También hemos hablado de cómo Europa ha tendido en los últimos años a regular de forma intensa, en ocasiones incluso siendo cuestionada por ello. Pero es interesante contrastar esta visión con lo que está ocurriendo en otros foros internacionales.
Tenemos la suerte de contar aquí con perfiles que participan activamente en esos espacios globales. Juan, tú has estado recientemente en Davos, en el Foro Económico Mundial, y me gustaría que compartieras con nosotros tus impresiones: ¿cuáles han sido los grandes temas de conversación?, ¿qué preocupaciones dominan el debate?, ¿qué retos se perciben desde allí para Europa en materia de autonomía estratégica, regulación y competitividad?
Juan Llobell. Director de Corporate Affairs en Moeve
Muy bien. Permíteme ligar un poco las ideas, porque creo que están conectadas.
El pensamiento contrafactual —preguntarnos qué pasaría si no hacemos algo— es fundamental. Está muy vinculado con lo que comentabais antes. El cambio climático sigue su curso con independencia de los ciclos políticos, de los gobiernos o de los momentos coyunturales. La realidad física no espera a la política.
Por eso, cuando hablamos del coste de la inacción, hablamos de un coste altísimo. Solo lo percibimos de verdad cuando llegan las catástrofes o cuando los indicadores científicos nos muestran que estamos alcanzando límites —como el aumento de dos grados— que sabemos que no deberíamos superar.
Y ahora voy a Davos.
Lo que se percibe claramente allí —probablemente como no se veía desde los años 70— es que estamos en un momento de ruptura. Una ruptura de las reglas tradicionales del multilateralismo. Hemos entrado en una dinámica distinta, más fragmentada, más basada en relaciones de poder.
En materia energética y climática, es cierto que la llegada de Trump ha supuesto un freno en determinadas políticas: el discurso de la “energy dominance” o el “drill, baby, drill” marcan un cambio de tono. Pero hay que mirar la fotografía completa.
Mientras en Estados Unidos se revisan ciertas políticas federales, China sigue avanzando con enorme fuerza en renovables. Europa mantiene sus objetivos. Yo estuve en la COP antes de Davos, y los compromisos internacionales, aunque con matices, siguen vivos.
Además, incluso dentro de Estados Unidos hay dinámicas interesantes: el estado que más invierte en renovables es Texas, precisamente el estado históricamente asociado a los hidrocarburos. Esto demuestra que existen corrientes de fondo que van más allá de los discursos políticos.
En Davos, mucha gente comentaba que, precisamente ahora, es el momento de invertir en renovables. Porque las tendencias estructurales no cambian: la ciencia climática es la que es. Puedes interpretarla políticamente de distintas maneras, pero los datos científicos permanecen.
Si miramos el mapa de riesgos a largo plazo del Foro Económico Mundial, el cambio climático sigue estando en los primeros puestos. Puede que a corto plazo haya otros temas más urgentes, pero estructuralmente el riesgo climático continúa siendo central.
Y esto nos lleva a Europa.
Europa tiene que reaccionar. Y no es solo una cuestión técnica; es una cuestión política, estratégica e incluso filosófica. Se trata de decidir cómo queremos fortalecernos: más integración, menos fragmentación, mayor seguridad energética, mayor cohesión industrial, mayor capacidad defensiva y tecnológica.
Hemos visto episodios recientes —como el debate en torno a Groenlandia— que muestran claramente que estamos en una nueva fase geopolítica. Y Europa históricamente avanza a partir de las crisis externas: recibe el impacto, toma conciencia y da un paso adelante.
Yo, personalmente —y pienso que Moeve también lo ve así— soy optimista. Este puede ser un buen momento para que Europa reaccione, se integre más y fortalezca su autonomía estratégica desde la energía, la tecnología y la sostenibilidad.
Alex Cortés. Miembro de la Junta de Gobierno de la Fundación Independiente, abogado y consultor
Gracias, Juan.
Patxi, me gustaría plantearte una cuestión complementaria. Hemos hablado de regulación, de competitividad, de impacto económico y de cifras. Pero también creo que es importante aterrizar este debate en las personas. Muchas veces nos movemos en el plano geopolítico o normativo, y alguien que no esté familiarizado con estos temas podría preguntarse: ¿y esto cómo me afecta a mí? ¿Cómo me interpela la transición ecológica en mi día a día?
La transición ecológica tiene, al menos, dos grandes niveles de impacto social. Por un lado, el que se produce en las ciudades: movilidad, rehabilitación energética, calidad del aire, acceso a la energía. Y, por otro, el impacto en el mundo rural, donde se desarrollan buena parte de las infraestructuras renovables y donde también se generan oportunidades —pero también tensiones— en términos de empleo, territorio y cohesión.
Teniendo en cuenta que desde Iberdrola desarrolláis proyectos en distintos entornos territoriales, ¿cuál es vuestra visión sobre este doble impacto? ¿Cómo valoráis el efecto real de la transición energética en las personas y en el territorio?
Patxi Calleja. Director de Regulación de Iberdrola España
Conviene recordar algo esencial: nosotros somos una empresa eléctrica y nuestra función principal es servir. El core de una compañía como la nuestra es acompañar el crecimiento de los demás. Somos la infraestructura que permite que el desarrollo y la inversión privada —allí donde se produzcan— puedan materializarse.
Nuestra inversión, como señalabas, es muy dispersa y está repartida por todo el territorio. Las instalaciones de generación están ampliamente distribuidas, pero estamos empezando a encontrarnos con un problema gravísimo: la falta de redes eléctricas se está convirtiendo en un freno al crecimiento y a la inversión privada. Y eso es extremadamente preocupante.
Si lo miramos desde una perspectiva económica, España cuenta con una ventaja competitiva muy clara gracias a los recursos naturales que tiene. Esta transformación energética es positiva desde el punto de vista climático —porque reduce emisiones—, desde la autonomía energética —porque dejamos de importar energía y la producimos internamente en España— y desde la eficiencia —porque consumimos menos y de forma más competitiva—. Por eso, el argumento principal que cada uno quiera utilizar para defender la transformación es casi secundario: lo importante es hacerla, porque en cualquiera de esos planos los beneficios son evidentes.
Ahora bien, actualmente el gran cuello de botella en la transformación industrial y energética de España no está tanto en el marco europeo —que es razonablemente sólido—, sino en las normativas de carácter nacional. Estamos hablando de redes de distribución y de fiscalidad, ambas son competencias nacionales, y ahí es donde surgen los principales obstáculos.
Se puede hacer un símil a cuando un médico te diagnostica una enfermedad. El médico te receta una medicación —que es lo fácil, tomar tres pastillas al día—, pero además te dice que tienes que cambiar de hábitos: alimentación, ejercicio, estilo de vida. Eso es lo difícil. En política energética estamos aplicando muchas medidas de ejecución rápida y fácil—fondos PERTE, subvenciones, compensaciones (equivalente a las “pastillas”)—, pero no estamos abordando con la misma determinación los cambios estructurales que arrastramos del pasado y que nos lastran (los “hábitos”). Quizá el problema no es correr más rápido con la mochila, sino aligerarla.
Los datos son muy claros. Las peticiones de conexión a la red se han disparado en los últimos años de forma exponencial. El interés de la industria por electrificar procesos, especialmente el calor industrial, es enorme y responde, fundamentalmente, a criterios económicos. Sin embargo, España es el único país que conozco que tiene un límite máximo de inversión en redes vinculado al 0,13 % del PIB. Si la demanda se multiplica por diez y la inversión permanece constante, el resultado es inevitable: saturación de red.
Hoy hay zonas industriales enteras donde no se puede desarrollar ningún proyecto nuevo.
No es casualidad que más de 70 asociaciones industriales hayan firmado un Manifiesto pidiendo modificar la regulación de las redes eléctricas. Un problema de infraestructura no puede convertirse en un problema estructural de país; eso es propio de economías en desarrollo, no de una economía avanzada. Sin embargo, la CNMC a finales de 2025 aprobó un modelo retributivo de las redes que no fomenta la electrificación y una tasa de retribución más baja que la del resto de países con los que competimos.
A esto se suma la fiscalidad. Producimos electricidad más barata que otros países, pero el precio final que paga el consumidor industrial es mayor debido a los impuestos. Según el Barómetro Energético en España que publica AEGE, muestra que Alemania tiene la producción de electricidad un 71% más caro que la española, sin embargo, el precio final que pagan los consumidores es un 20% más barato que los españoles porque pagan menos impuestos y tienen más ayudas. En España producimos la energía más barata y el cliente no disfruta de esa ventaja.
Históricamente, cada energía tenía su propio ámbito —el gas para el calor, la gasolina para la movilidad, la electricidad para la iluminación— y la política fiscal se diseñaba como si fueran compartimentos estancos. Hoy esas energías son sustituibles entre sí, pero la fiscalidad no se ha adaptado, lo que penaliza la competitividad relativa de la electricidad frente a otras fuentes y frente a otros países. (Cuando no eran energías sustituibles, daba igual la política fiscal que se aplicase, pero ahora la fiscalidad penaliza la competitividad relativa de la electricidad)
Si equiparásemos la fiscalidad y las ayudas de España a las que reciben las industrias en países como Alemania, el coste energético para los grandes consumidores en España sería radicalmente más competitivo. Tenemos un potencial extraordinario, pero corremos el riesgo de desaprovecharlo por decisiones regulatorias y fiscales desalineadas con la realidad tecnológica y económica actual.
Además, existe un problema de dispersión en el debate regulatorio. No todas las decisiones tienen el mismo impacto estratégico. Hay cinco o seis cuestiones verdaderamente transformadoras —redes, almacenamiento a gran escala, señales fiscales, energía firme— y deberían concentrar la prioridad política y administrativa. Sin embargo, muchas veces se diluye el esfuerzo en cuestiones de menor alcance con la misma intensidad. En este sentido es clave dar prioridad a las cuestiones que más aportan al país.
En el ámbito de las renovables, hay dos cuestiones clave. La primera es el almacenamiento a gran escala. España tiene una ventaja extraordinaria con sus embalses. Con infraestructuras adecuadas, podríamos almacenar excedentes de viento y sol en forma de energía hidráulica reversible. Sería la mayor batería y 100 % nacional de Europa.
La segunda es el debate nuclear y la energía firme. Si la gran industria consume entre 6.000 y 8.000 horas al año, necesita generación estable durante ese mismo periodo. Si se cerrasen las nucleares esa energía sería en gran parte sustituida por electricidad producida por gas, lo cual implicaría retroceder en autonomía energética cuando lo necesario es lo contrario.
Y termino con una reflexión social. En muchos territorios se han instalado renovables con la expectativa de atraer industria y fijar población. ¿Cómo se explica a los ciudadanos que, teniendo generación renovable en su entorno, no puedan instalarse nuevas industrias porque la red está saturada? Es difícil de comprender y genera frustración. Hasta ahora, la población sólo ha visto las infraestructuras; ahora necesita ver los beneficios tangibles en empleo, industria y desarrollo local.
En definitiva, la transición energética no es solo un debate técnico o geopolítico. Tiene un impacto directo en la competitividad, en el empleo, en el precio que pagan los ciudadanos y en el equilibrio territorial. Si no resolvemos los cuellos de botella de las redes eléctricas, estaremos frenando una oportunidad histórica para el país.
Alex Cortés. Miembro de la Junta de Gobierno de la Fundación Independiente, abogado y consultor
Gracias, Patxi.
Luisa, quería preguntarte, como directora general de la Fundación Hermes —una entidad referente en España—, cuál es vuestra aportación a la cohesión social y territorial. Y, especialmente, cómo aterriza esa labor en las personas: cómo se traduce en impacto real en su día a día, en sus oportunidades y en su capacidad de participación dentro de la sociedad.
Luisa Alli. Directora adjunta a Presidencia de Fundación Telefónica. Directora general de la Fundación Hermes
Para conectar con la conversación y contextualizar el trabajo de las fundaciones, conviene empezar por una pregunta de fondo: cuando hablamos de sociedad civil, ¿qué papel juega el sector fundacional?
En nuestro caso, existimos en la medida en que logramos cubrir aquellos espacios a los que el sistema, en su fotografía más amplia, no llega del todo. Hablamos de educación, de derechos, de inclusión, de cuestiones que muchas veces quedan en los márgenes. Ahí es donde las fundaciones podemos aportar valor: detectando vacíos, anticipando problemas y actuando con agilidad.
Y ahora, si voy en concreto a la Fundación Hermes —aclaro siempre que no tiene nada que ver con los bolsos, por si alguien espera descuento a la salida—, el nombre alude al dios mensajero, y conecta precisamente con nuestra vocación: la defensa y promoción de los derechos en el entorno digital.
Somos una fundación pequeña, independiente y muy enfocada, y trabajamos principalmente con dos grandes públicos: el institucional —incluyendo administraciones y reguladores— y el empresarial. ¿Desde qué perspectiva? Desde la convicción de que hemos asumido con demasiada naturalidad que vivimos en una especie de “salvaje oeste digital”, donde parece que no hay normas claras o donde hemos interiorizado que ciertas vulneraciones son parte del paisaje.
En el mundo físico nadie consideraría normal que abrieran nuestras cartas, que nos persiguieran por la calle con lo que hemos dejado en un supermercado o que alguien nos espiara de forma constante. Sin embargo, en el entorno digital hemos trivializado situaciones muy similares: nos hace gracia que el teléfono “nos escuche” y que, tras hablar de colchones, aparezca un anuncio. Lo que no vemos es todo el sistema de datos y decisiones que hay detrás.
La cuestión es que nuestros derechos fundamentales no desaparecen en el entorno digital. Y, además, están surgiendo nuevos derechos y dilemas: ¿qué ocurre con nuestra identidad digital cuando fallecemos?, ¿quién gestiona ese legado?, ¿qué capacidad real tenemos de decisión cuando algoritmos y plataformas influyen en nuestras elecciones de consumo, información o incluso opinión?
Ahí es donde centramos nuestra labor en dos grandes líneas.
La primera es la concienciación. Trabajamos con empresas para abrir conversaciones que van más allá del mero cumplimiento normativo. No todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Hay decisiones de negocio que, aun siendo legales, tienen un impacto profundo en la privacidad, la autonomía y la dignidad de las personas. En sostenibilidad ya hemos asumido que “no todo vale” para mejorar la cuenta de resultados; en el mundo digital, esa conversación ética está todavía en construcción. Nuestro objetivo es contribuir a que competitividad y respeto a los derechos no sean incompatibles.
La segunda línea es el trabajo con reguladores y administraciones. No se trata de pedir más regulación por sistema, sino de promover normas simples, inteligentes y políticas públicas eficaces. Hay ámbitos —como las redes sociales y su impacto en menores— que ya no son solo un debate tecnológico, sino de salud pública. Estamos viendo efectos en bienestar emocional, en conductas de riesgo, en dinámicas sociales que exigen una mirada integral.
También hay cuestiones muy concretas, como la accesibilidad digital. En España, la gran mayoría de páginas web no cumplen plenamente los estándares de accesibilidad. Cuando una persona mayor o con discapacidad no puede realizar una gestión online, no siempre es un problema de capacidad individual; muchas veces es un entorno digital mal diseñado. Eso también es cohesión social.
Las fundaciones tenemos la ventaja de poder movernos con rapidez, identificar estos puntos ciegos y ponerlos sobre la mesa, trabajando siempre con expertos, centros de investigación y con una vocación práctica: no solo diagnosticar, sino proponer soluciones.
En el caso de la Fundación Telefónica, por su dimensión, el alcance es mayor y se articula en tres grandes ejes.
Primero, educación y empleabilidad: cómo formar a los líderes y profesionales del futuro en competencias digitales, cómo impulsar iniciativas como Campus 42, que ofrece formación tecnológica innovadora, o colaborar con entidades como Fundación ProFuturo para reducir la brecha educativa en entornos vulnerables.
Segundo, la reducción de brechas. La brecha digital no es aislada: amplifica la brecha económica, educativa y social. Si no intervenimos de forma específica sobre colectivos concretos, el sistema tiende a dejar atrás a quienes ya partían de una situación más frágil.
Y tercero, el impulso del pensamiento crítico. No se trata solo de saber usar la tecnología, sino de entenderla, cuestionarla y ejercer una ciudadanía digital consciente. Espacios como el de Fundación Telefónica en Gran Vía, con exposiciones y debates sobre derechos digitales, buscan precisamente eso: generar conversación pública y fortalecer una sociedad más informada y libre.
En definitiva, la contribución a la cohesión social y territorial pasa por garantizar que la transformación digital no deje a nadie atrás, que los derechos se respeten también en el entorno online y que empresas, instituciones y ciudadanía asuman su responsabilidad. Porque una sociedad más consciente y crítica es también una democracia más sólida.
Alex Cortés. Miembro de la Junta de Gobierno de la Fundación Independiente, abogado y consultor
Hemos hablado de personas, de regulación, de Europa, de empresas y de impacto en el negocio. Pero hay un elemento que todavía no hemos abordado de forma directa: el contexto político nacional.
Vicente, quería trasladarte una pregunta que tenía inicialmente pensada para Patxi, pero creo que encaja especialmente contigo, dado tu paso por un órgano regulador. Hemos mencionado el marco europeo, pero no hemos aterrizado en la realidad española.
Vivimos un momento de fuerte polarización política y de mayorías parlamentarias muy frágiles en el Congreso. En el último año, la capacidad legislativa ha sido limitada y, en ámbitos estratégicos como el energético, el de telecomunicaciones o el industrial, hay normas clave —como la Ley de Industria— que permanecen bloqueadas o avanzan con enorme dificultad. También hay otros proyectos estructurales que siguen atascados.
En este contexto, ¿cuál es tu diagnóstico sobre la situación actual? Y, sobre todo, ¿cómo puede afectar esta polarización y esta parálisis regulatoria a la competitividad y al posicionamiento de España en la próxima década?
Vicente López-Ibor. Presidente de la Federación Europea de Asociaciones de Derecho de la Energía (EFELA). Co-fundador del Consejo Europeo de Reguladores de Energía (CEER)
Bueno, entremos en política. A mi juicio, el gran problema no es que existan opiniones distintas, incluso cuando son extremas. El problema surge cuando no se articula adecuadamente el pluralismo político. Esa incapacidad genera rechazos igualmente extremos que vacían elementos esenciales del sistema democrático y erosionan, en última instancia, su propio fundamento.
El espacio natural de la moderación es el de los acuerdos. En España tenemos un ejemplo extraordinario en el periodo constituyente y en el posterior desarrollo constitucional, donde fuerzas muy diversas fueron capaces de pactar lo esencial. Sin embargo, hoy la polarización —que muchas veces consiste más en negar la posición contraria que en intentar integrar perspectivas constructivas— está produciendo un daño profundo. No solo desde el punto de vista normativo, por la parálisis legislativa, sino también desde una perspectiva sociológica: debilita a las clases medias, que son el pilar de cualquier sociedad del bienestar y de un crecimiento económico sostenido.
En el ámbito regulatorio, además, se está produciendo una desviación preocupante. Gobernar implica presentar proyectos de ley y articular una regulación sólida y estable. Sin embargo, en los últimos años —especialmente desde 2022— hemos asistido a una proliferación de decretos-ley y a una auténtica catarata de convalidaciones parlamentarias. Ese recurso constante a la urgencia no equivale a buena regulación, tal y como la entienden la doctrina y los propios órganos reguladores. La buena regulación exige planificación, coherencia y seguridad jurídica.
Europa, por supuesto, cuenta, y mucho. Especialmente en materia normativa. El primer deber es transponer correctamente las directivas comunitarias. Sin embargo, acumulamos un número significativo de directivas no transpuestas o incorporadas de manera incompleta, algunas desde hace cinco o seis años. Existen mecanismos para reaccionar ante estos incumplimientos, pero rara vez se activan, y muchas veces la responsabilidad recae exclusivamente en las instituciones europeas, particularmente en la Comisión. En un contexto europeo ya suficientemente complejo, no parece razonable delegar en Bruselas obligaciones que corresponden a los Estados.
La polarización es, en términos políticos, profundamente negativa. Frente a ella, la búsqueda del consenso en cuestiones estratégicas resulta imprescindible. Las grandes prioridades nacionales —muchas de ellas ya identificadas en planes como el de energía y clima— deben concretarse en objetivos regulatorios claros y verificables. No basta con los decálogos programáticos: es necesario traducirlos en cumplimiento efectivo.
Hoy la regulación es mucho más compleja que en el pasado. Ya no se limita a fijar tarifas eléctricas o de hidrocarburos. Abarca mercados organizados, transformación digital y nuevas cadenas de valor. En este contexto destacan tres grandes vectores estratégicos: la electricidad, los nuevos hidrocarburos descarbonizados —particularmente el hidrógeno verde— y la digitalización. La electricidad fue el gran motor de modernización del siglo XX. Ahora, la descarbonización y la digitalización completan ese proceso: la primera para cumplir los compromisos climáticos; la segunda para acelerar procesos, optimizar sistemas y potenciar tecnologías como la robótica o la computación cuántica.
España, pese a no disponer de grandes recursos energéticos primarios y mantener un elevado déficit exterior en hidrocarburos, cuenta con una posición geográfica privilegiada y con una extraordinaria capacidad en energías renovables. Lo que no tenemos en reservas podemos compensarlo con acuerdos estables, diversificación de suministros y desarrollo industrial propio. En un mundo también polarizado en el plano internacional, la capacidad de pactar, firmar contratos y construir alianzas estratégicas es un activo esencial.
En materia de infraestructuras, la mayoría se articula mediante regímenes concesionales. Aquí emerge un problema nuevo y preocupante: el deterioro en la operación y mantenimiento. Si a ello se suman bloqueos regulatorios, dificultades inversoras y ausencia de ampliaciones, el resultado es un freno grave en un ámbito estratégico para el país. Son cuestiones que, en un altísimo porcentaje, podrían resolverse con voluntad política y regulatoria en plazos razonables, incluso dentro de una sola legislatura.
Un ejemplo claro es el de los centros de datos, cuya relevancia apenas se anticipaba hace tres años. Hoy constituyen un factor decisivo que incrementará significativamente la demanda eléctrica y favorecerá la convergencia entre energía y digitalización. Sin embargo, no existe todavía un plan nacional integral que ordene y potencie esta transformación.
Por eso resulta necesario apelar a la responsabilidad compartida: de las instituciones, de la sociedad civil, de las empresas y, por supuesto, de los partidos políticos. Es una tarea pendiente, pero perfectamente posible. Si recuperamos el espíritu de entendimiento, muchas de estas reformas podrían llevarse a cabo con eficacia.
También Europa debe mostrar mayor ambición. No basta con formular grandes informes o estrategias si su grado de cumplimiento es reducido. La voluntad política no consiste solo en diseñar compromisos, sino en ejecutarlos.
En definitiva, el escenario presenta desafíos evidentes, pero también oportunidades reales. Con voluntad, ambición y una renovada cultura del acuerdo, España puede afrontar con éxito los retos energéticos, regulatorios y digitales que tiene por delante. Ese es, a mi juicio, un motivo fundado para el optimismo.
Alex Cortés. Miembro de la Junta de Gobierno de la Fundación Independiente, abogado y consultor
Hemos abordado, desde distintas perspectivas, los grandes retos de la transición ecológica y de la autonomía estratégica. Y para cerrar, me gustaría poner el foco en algo esencial: el fortalecimiento de la sociedad civil y el papel que debemos asumir en el impulso y mejora de las políticas públicas, así como en garantizar que estas tengan un impacto real y positivo en la sociedad.
En este sentido, me viene a la mente un informe y un manifiesto elaborados por la Fundación Legados, una entidad comprometida con el fortalecimiento de la sociedad civil. En su manifiesto se plantean diez ejes estratégicos, cinco de los cuales resumen muy bien buena parte de lo que hemos debatido hoy en esta mesa.
En primer lugar, la necesidad de escuchar y atender a quienes saben, a los expertos, especialmente en ámbitos tan sensibles como la regulación. Incorporar el conocimiento técnico es fundamental para diseñar políticas eficaces y sostenibles.
En segundo lugar, reforzar la seguridad, la soberanía y la competitividad, tres conceptos que han atravesado toda nuestra conversación y que resultan inseparables en el contexto actual.
En tercer lugar, eliminar la asfixia derivada de la hiper regulación y de la burocracia excesiva, un aspecto que se ha señalado con claridad: regular mejor no es regular más, sino hacerlo con mayor calidad, coherencia y visión estratégica.
También se subraya la importancia de que, en un contexto de polarización, el país sea capaz de reencontrarse consigo mismo, de reconstruir consensos básicos que permitan avanzar en las grandes transformaciones pendientes.
Y, por último, la necesidad de adaptarnos para ser mejores. Ese debe ser el objetivo último de toda política pública y, en particular, de la regulación: dotarnos de un marco común, de reglas claras y estables que actúen como palanca para el desarrollo de España en la próxima década.
Con ese espíritu constructivo y de responsabilidad compartida, quiero agradeceros sinceramente a todas las personas que han vuestra participación en esta mesa, y también al público por su atención e interés.
Muchísimas gracias.
