Conclusiones del I Congreso

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Centro Cultural de la Villa de Madrid
Las conclusiones a que llegaron las cuatros ponencias del Congreso, a pesar de referirse a temas distintos abordados desde perspectivas igualmente diferentes, resultaron coincidentes a un extremo que no es, evidentemente, casual. Se mire desde donde se quiera y como se quiera, el problema de la inserción social de nuestros mayores es uno, aunque sus manifestaciones sean varias. Y tal vez esta unicidad, esta convergencia tan reveladora sea la primera, y, no por no escrita hasta ahora, la más importante de las lecciones del Congreso.

Todas las Ponencias, aún si en grado diverso, se centraron en cuatro puntos que resulta oportuno sintetizar y recordar : La afirmación de la presencia de los mayores ; la denuncia de su postergación ; la reivindicación de soluciones ; y la oferta de participación.

Las 22 conclusiones aprobadas por el I Congreso a través de las cuatro ponencias son las siguientes:

Los Mayores y la Familia

Primera: Afirmar, una vez más, que la familia es la célula fundamental de la sociedad, y, en consecuencia, que es titular de derechos y obligaciones propias y anteriores al Estado y a la sociedad, que estos tienen obligación grave de respetar.

Segunda: Reclamar del Estado y de la sociedad civil las ayudas de naturaleza económica, social y cultural, necesarias para que la familia cumpla su función de ser marco insustituible de convivencia personal, comunidad de afectos y de participación de todos sus miembros en la vida social, incluidos los mayores, que constituyen parte inseparable de ella.

Tercera: Denunciar enérgicamente las constantes agresiones que la institución familiar sufre por parte del Estado y de la sociedad, con grave daño para la estabilidad de la propia sociedad y la salud espiritual y material de las personas.

Cuarta: Denunciar con todo énfasis las corrientes ético-culturales, como el hedonismo, el individualismo y la masificación, que llevan a formas inaceptables de marginación y exclusión de los mayores de sus familias, condenándolos al aislamiento y la soledad.
Por el contrario, reafirmar el derecho de los mayores a vivir y terminar su vida dignamente, como persona, en el seno de su familia, un perjuicio del respeto que merece la autonomía de las nuevas familias constituidas.

Quinta: Reclamar que las familias, y, subsidiariamente, la sociedad y el Estado proporcionen los cauces y los servicios sociales necesarios para remediar las situaciones intolerables de aislamiento y de soledad que viven muchos mayores.

Sexta: Subrayar el papel activo que en el seno de las familias corresponden a los mayores en favor de la estabilidad familiar, como protagonistas de acción cultural dentro de ellas, en razón de su experiencia vital, de su condición de conservadores y transmisores de la tradición familiar y de los valores espirituales y del carisma que les corresponde de romper las barreras generacionales.

Los Derechos Constitucionales de los Mayores

Primera: Reclamar para los mayores el reconocimiento del que también son titulares de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas que consagran los Arts. 14 a 28 de la Constitución, así como de los derechos que se establecen en los Arts. 29 a 38 de la misma, evitando la realidad actual que hace muchas veces de los mayores un colectivo marginado de ciudadanos de segunda.

Segunda: Exigir de los poderes públicos un impulso más decidido en la política de promover las condiciones para que la igualdad de los individuos y grupos en que se integran, incluidos los mayores, sean reales y efectivos, de acuerdo con los artículos 9.2 y 14 de la Constitución.

Tercera: Hacer uso del Derecho Constitucional de petición para instar del Gobierno el urgente desarrollo normativo de los principios de la política económica y social contenidos en la Constitución en favor de los mayores, y muy especialmente de los consagrados en el Art. 50 de la Ley Fundamental.

Cuarta: Promover las acciones colectivas coordinadas, y en particular la recogida de firmas necesarias para el ejercicio de la iniciativa legislativa popular, con las mismas finalidades que en la conclusión anterior.

Quinta: Dirigirse al Defensor del Pueblo para, dentro del ámbito de sus funciones, solicitar su intervención en cuantos supuestos necesarios para la defensa de los derechos de los mayores, recogidos en el Título I de la Constitución, si se violan o ignoran por actos o resoluciones concretas de la Administración Pública y sus agentes.

Una Sociedad de Mayores. Problemas y soluciones

Primera: El envejecimiento creciente de la sociedad europea – y de la española- es un fenómeno social de primera magnitud que planteará gravisimos problemas socioeconómicos a corto y medio plazo si no se varia urgentemente el enfoque con el que se le viene considerando tradicionalmente.

Segunda: El bienestar de los mayores está íntimamente ligado a su situación económica. Es, por tanto, necesario denunciar, una vez más, la insuficiencia de la cuantía de las pensiones y su falta de actuación adecuada para garantizar la suficiencia económica de los ciudadanos de la tercera edad.

La convergencia de España con Europa pasa también por el acercamiento de las pensiones españolas a la cuantía media de los demás países de la Comunidad.

Tercera: Los poderes públicos deberán revisar el actual sistema de pensiones para eliminar las incompatibilidades, entre ellas, los topes a su cuantía, la fijación de límites iniciales y cualquier discriminación entre los pensionistas, en especial la que afecta a las viudas y a los pensionistas del Estado, con pensiones devengadas antes del 1 de enero de 1985.

Cuarta: Es prioritaria la elaboración y puesta en práctica del Plan Gerontológico Nacional, para poner fin al déficit de servicios sociales destinados a los mayores. Para ellos es necesaria la actuación conjunta y coordinada del Parlamento, el Gobierno Central, las Autonomías y las Autoridades Locales (Provincias y Municipios).

Quinta: La sanidad dirigida especialmente a los mayores exige que se creen unos hospitales geriátricos y que se ponga remedio a la escasez de médicos especializados en geriatría.

Sexta: El papel activo de los mayores en la sociedad exige abrir nuevos cauces de participación e integración social para ellos, como los que pueden ofrecer el “voluntariado” y el asociacionismo, al servicio de la sociedad civil.

Séptima: La actual valoración negativa por parte de la sociedad del papel y función social de los mayores es errónea, injusta para ellos y perjudicial para la propia sociedad, carece de fundamento y es injusta. Es necesario que se emprendan las acciones adecuadas para lograr modificar esa valoración.

Los Mayores ante el cambio. Adaptación y participación.

Primera: Es responsable de la sociedad, en conjunto, y de los poderes públicos en particular, el establecer las instituciones y mecanismos socioeconómicos que faciliten la adaptación de los mayores al cambio social, previniendo y corrigiendo las situaciones de inadaptación o marginación que pudieran presentarse.

Segunda: El Estado y la sociedad civil deben facilitar y promover actividades educativas y de formación dirigidas a facilitar la adaptación de los mayores a los cambios sociales, de modo que puedan vivir su tiempo como proyecto activo.

Tercera: Es necesario que la sociedad facilite la incorporación de los mayores, como voluntariado ciudadano, a las nuevas funciones sociales propias de las instituciones y organizaciones privadas, integradas en el denominado Tercer Sector, como ya ocurre en muchos países desarrollados y con un alto grado de integración social. A estos efectos se debe fomentar el asociacionismo entre las personas mayores, a fin de que ejerciten actividades y asuman responsabilidades sobre su propio desarrollo personal y en relación con proyectos de cooperación y solidaridad social.

Cuarta: Una sociedad en cambio acelerado necesita de la experiencia, la serenidad y la independencia de sus mayores para orientar ese proceso hacia metas menos materialistas y más trascendentes, contribuyendo así a un desarrollo social más equilibrado y humano. Para ello, es necesario disponer de la información, los cauces y los medios adecuados, así como crear los marcos imprescindibles para que su participación sea real y efectiva y no una simple aspiración sistemáticamente frustrada.

Las conclusiones del Congreso fueron presentadas por el Comité Ejecutivo del mismo al Defensor del Pueblo, Alcalde de Madrid, y presidentes del Partido Popular y PSOE, Secretario General y Portavoz de Minoría Catalana en el Congreso, y Coordinador General de Izquierda Unida.

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