Ante las circunstancias extraordinarias que en estos momentos vive nuestra Nación con motivo de la convocatoria del “referéndum de autodeterminación de Cataluña”, la Fundación Independiente, con el apoyo de Club Financiero Génova, FUNDES-Fundación de Estudios Sociológicos, Panel Cívico de la Sociedad Civil y Plataforma G2020, desea hacer pública la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
PRIMERO.- Consideramos que la convocatoria del referéndum de autodeterminación de Cataluña, acordada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en virtud del Decreto 139/2017, de 6 de septiembre, que se dice tendrá lugar el día 1 de octubre de 2017 de acuerdo con la Ley 19/2017, de 6 de septiembre aprobada por el Parlamento de Cataluña, constituye un acto de subversión del orden constitucional conducente a una ruptura unilateral con España, impropio de quien ostenta constitucionalmente la representación ordinaria del Estado en el territorio y está sujeto como todos los ciudadanos y los demás poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Consideramos absoluta la falta de competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, tanto para la regulación de la institución del referéndum, como para la convocatoria del referéndum sin autorización del Estado.
Afirmamos sin ambages la imposibilidad política y jurídica de que una región, territorio o fragmento de España pueda decidir de manera indiscriminada y a su libre arbitrio sobre su propio destino sin consideración a la voluntad del resto del pueblo español sobre quien reside la soberanía nacional y además quebrantando de manera abierta y premeditada el imperio de la ley, que es base de la ciudadanía y de la convivencia civilizada y presupuesto insoslayable del Estado de Derecho.
SEGUNDO.- Desde la Fundación Independiente y con la legitimidad que nos confieren nuestros treinta años de historia al servicio de la sociedad civil, queremos expresar nuestro amor por España, patria común e indivisible de todos los españoles, de cuyo legado histórico nos sentimos depositarios; nuestra lealtad a la Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Nación; y, al propio tiempo, nuestra adhesión a la Constitución de 1978 como marco de nuestro orden político.
Una Constitución basada en la idea de pacto y de compromiso político, la única auténticamente consensuada de nuestra historia política, que ha servido a la reconciliación nacional y a la superación de luchas fratricidas entre españoles. Una Constitución que, fundamentada en la indisoluble unidad de la Nación española, ha permitido satisfacer con generosidad las esperanzas y los anhelos de las diversas regiones y territorios mediante un sistema de descentralización territorial sin parangón y que ha permitido alcanzar cotas de autogobierno inimaginables.
Ello, sin embargo, no nos impide constatar que el modelo de organización territorial del Estado diseñado por la Constitución ha quedado ampliamente desbordado por la creciente influencia de unos nacionalismos, esencialmente desleales hacia España y hacia el orden constitucional, originada y alimentada por ciertas servidumbres difíciles de justificar, por no pocos complejos de los que aún no nos hemos desprendido, y en buena medida también por un perverso sistema electoral que ha determinado que durante largo tiempo las mayorías políticas nacionales hayan acabado condicionadas -cuando no sucumbiendo- ante las minorías nacionalistas, que se convertían así en árbitros de la situación política. Por ello, entendemos que una reforma del sistema electoral y de la propia Constitución en su caso debieran ser abordadas con el consenso político exigible, una vez neutralizado el desafío independentista, a fin de evitar una sobrerrepresentación de las formaciones políticas nacionalistas en las Cortes Generales, y procurar un cierre definitivo del modelo de organización territorial, así como una adecuada reorganización del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
TERCERO.- Ante la situación de extraordinaria gravedad creada por la convocatoria de un referéndum, manifiestamente inconstitucional y por completo ilegítimo, que pretende la autodeterminación y consiguiente independencia de un territorio de España, expresamos nuestro más firme apoyo al Gobierno de la Nación y a las demás instituciones del Estado para que, ante el desafío planteado desde la Generalidad de Cataluña y las fuerzas políticas nacionalistas, se adopten cuantas medidas fueren necesarias para preservar la integridad territorial de la Nación y mantener el orden constitucional del Estado dentro de la legalidad vigente, así como para evitar en última instancia la celebración del referéndum convocado para el día 1 de octubre.
Al mismo tiempo, pedimos a las principales fuerzas políticas que mantengan una actitud de unidad y cooperación leal y sincera entre ellas en la defensa de la unidad de España y del propio orden constitucional, salvando cualesquiera discrepancias que, aun legítimas y referidas a aspectos de la organización territorial del Estado que pudieran ser opinables, no enturbien ni perjudiquen la unidad de acción frente a quienes pretenden la liquidación de España como Nación y la del propio orden constitucional.
CUARTO.- Todo cuanto ahora manifestamos no obsta para que desde la Fundación Independiente proclamemos nuestro sincero respeto y admiración por Cataluña y por su pueblo y valoremos justamente tanto su diversidad como la riqueza de su aportación histórica al resto de España desde la más sana y fecunda catalanidad.
Brindamos nuestro máximo apoyo, afecto y cercanía a cuantos catalanes de bien sientan que Cataluña es y debe continuar siendo una parte esencial de España, y que el proceso soberanista constituye un verdadero desafuero que no puede ser admitido y solo conducirá al deterioro de la convivencia y al empobrecimiento de la propia Cataluña, al tiempo que supondrá -y supone ya- una merma de fuerzas y energías que, sin lugar a dudas, redundará en perjuicio del interés general de España.
Apoyo, afecto y cercanía que hacemos extensivo a cuantas autoridades, funcionarios y personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las Corporaciones Locales de Cataluña cuya voluntad sea respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir con su deber, pero que puedan verse abocadas a situaciones no deseadas por causa del proceso soberanista.
A todos ellos les animamos a que se mantengan firmes en la defensa de la Constitución y en el cumplimiento de la ley y de sus respectivos deberes, en el convencimiento de que su actitud leal tendrá el amparo necesario del Gobierno de la Nación y de las demás instituciones del Estado, y que a su lado estará siempre la sociedad española y sus instituciones, que no permanecerán aquietadas frente al desafío independentista.
QUINTO.- Apelamos también a la conciencia colectiva de la sociedad civil de Cataluña, haciendo un llamamiento a las empresas, organizaciones empresariales y asociaciones sindicales, corporaciones profesionales y universidades, asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, círculos y plataformas sociales de toda índole y, en definitiva, a cuantas instituciones nutren la sociedad civil catalana. A todos ellos les pedimos que sigan con firmeza frente al proceso soberanista impulsado desde la Generalidad de Cataluña y las fuerzas políticas nacionalistas. Que sigan reaccionando con valentía y sin complejos. Y, en todo caso, nieguen explícitamente cualquier apoyo a sus propósitos. De ello depende nuestro futuro en paz, justicia y libertad.
SEXTO.- Por último, y aunque no menos importante, queremos dirigirnos a quienes postulan la autodeterminación de Cataluña y su consiguiente independencia del resto de España, para exhortarles a que abandonen la senda de la confrontación y la deslealtad y regresen al camino del diálogo y el pacto sobre el orden establecido, solo y exclusivamente desde el cual podrán hacer valer sus pretensiones de mejora del autogobierno y de los recursos disponibles para el ejercicio de sus competencias, dentro siempre del más absoluto respeto al orden constitucional y sin alterar la convivencia civil tanto en Cataluña como en el resto de España.
Fundación Independiente
Madrid, 11 de septiembre de 2017